La exclusión financiera afecta principalmente a pueblos de la comarca que se han quedado sin oficina por la reestructuración del sector bancario.
La Diputación de Málaga, con los votos en contra de PP y Ciudadanos, ha rechazado la propuesta del PSOE de poner en marcha medidas para paliar la exclusión financiera de los 22 municipios malagueños sin sucursal bancaria, todos ellos menores de 5.000 habitantes. La exclusión financiera afecta principalmente a vecino de la Axarquía y la Serranía de Ronda.
Gema Ruiz, diputada provincial del PSOE, ha criticado que «24.000 vecinos de una población mayormente envejecida tienen que salir a otros municipios a realizar cosas tan sencillas como sacar dinero o poder pagar un recibo».
La propuesta, según recoge Ronda24Horas, es situar como una prioridad el acceso a los servicios financieros mediante acuerdos con las entidades bancarias y los ayuntamientos de la provincia, para garantizar la inclusión financiera mediante equipamientos, y la formación en educación financiera y por la alfabetización digital, lanzar una convocatoria pública de ayudas y subvenciones a proyectos para paliar la exclusión financiera de los 22 municipios malagueños que no tienen sucursal bancaria e impulsar desde los centros Guadalinfo de la provincia programas de educación financiera y alfabetización digital entre la población susceptible de sufrir exclusión financiera.
“La Diputación de Málaga debe afrontar esta realidad con decisión. Existen modelos de apoyo público para la instalación de cajeros automáticos en municipios sin sucursales, oficinas itinerantes de banca móvil, programas de formación para colectivos en riesgo de exclusión financiera, recopilatorios de buenas prácticas para la inclusión financiera. Si no empezamos a enfrentarnos a la exclusión financiera de parte de la población malagueña, las brechas sociales se agrandarán de tal manera que será muy difícil reincorporar a esta población, en igualdad de condiciones, a la sociedad digital que hoy por hoy es un hecho. Decir que la pandemia de la COVID-19, que ha limitado la atención presencial, es un acelerador de esta tendencia es redundar sobre argumentos ya escuchados en estos meses”, ha afirmado Gema Ruiz.
