Las instalaciones que se pretende potenciar están cerradas desde hace años.
El Consejo de Gobierno ha acordado la recuperación de la titularidad y del uso de las cinco villas turísticas que en su momento quedaron adscritas a la sociedad mercantil Red de Villas de Andalucía S.A. y que se encuentran cerradas. Las villas turísticas cerradas son las de La Axarquía (en Periana, Málaga), Pinar de la Vidriera (en Huéscar, Granada), Cazalla de la Sierra (Sevilla), Fuenteheridos (Huelva) y el hotel Las Menas del Serón (en Bacares, Almería).
La red de villas turísticas de Andalucía está compuesta por diez villas (nueve villas y un hotel) distribuidas por las ocho provincias andaluzas. En estos momentos, cinco de ellas están en funcionamiento y cinco cerradas, algunas desde hace 18 años y la última desde 2013. Este acuerdo de Consejo de Gobierno sólo afecta a las instalaciones cerradas, por lo que no tendrá ningún efecto en la actividad ni en el empleo de las cinco que sí se encuentran en funcionamiento.
El mantenimiento de estas villas sin uso supone un gasto de 500.000 euros anuales. El objetivo del acuerdo es poder poner en valor estas instalaciones, una vez que su titularidad y su uso revierta a la Junta de Andalucía. Teniendo en cuenta, además, que en la construcción de las villas se invirtió en su momento, al menos, 25 millones de euros, y que sólo en las cinco que están cerradas la inversión ascendió a 14,8 millones, se estima que estas villas cerradas han costado a la administración autonómica unos 23,8 millones desde 2009, cuando se produjo la cesión de las mismas, adscritas a la Empresa Pública Turismo Andaluz (EPTA), a la sociedad Red de Villas de Andalucía.
Este acuerdo es un paso más en la estrategia del Gobierno andaluz para poner en valor el patrimonio inmobiliario de la Junta de Andalucía. En 2019 no existía un inventario fiable que permitiera conocer de manera integral el patrimonio de la Junta de Andalucía y su situación de hecho y muchos de los inmuebles de los que era titular la Junta de Andalucía estaban, desde hacía muchos años, vacíos, abandonados y sin uso alguno. Se carecía de proyectos de inversión ni puesta en valor; ni existía una política integral de gestión del Patrimonio, lo que generaba un coste de mantenimiento y restauración muy elevado, que se incrementaba con el paso del tiempo. También por los impuestos que gravaban dichos inmuebles (y por los impagos en que se incurrió).
Desde 2019, el Gobierno andaluz se propuso depurar, investigar y regularizar la situación de los inmuebles sin uso o infrautilizados que forman parte del patrimonio público andaluz. Ello ha permitido, entre otras cosas, que, desde 2019, la Junta de Andalucía haya ingresado, bien por subasta o bien por adjudicaciones directas de inmuebles en desuso, un total de 121.166.913,45 euros, además de procurar un ahorro estimado de 980.000 euros anuales en gastos de mantenimiento y costes tributarios (sin contar con los 500.000 euros anuales que cuesta en estos momentos el mantenimiento de las villas turísticas cerradas).
