Avatel Telecom, el operador de telecomunicaciones especializado en zonas rurales, ha propuesto a los sindicatos un despido colectivo que afectará a 849 trabajadores, más del 40% de su plantilla, que superaba los 2.000 empleados a finales de año.
El grupo achaca a las ineficiencias que ha generado su estrategia de adquisiciones y la necesidad de ser más eficientes el procedimiento que, ahora, deberá negociar con los sindicatos. El modelo de negocio de la compañía consistía en adquirir pequeños operadores locales e ir fusionándolos en un gran grupo. Así, han ido adquiriendo 182 empresas, una etapa expansiva que parece que ha llegado a su fin.
El sector de telecomunicaciones requiere un elevado grado de concentración para ser rentable y sostenible. Para ello, Avatel ha seguido una estrategia en la que la fase de crecimiento de la compañía se ha cumplido en forma y tiempo con éxito, dando pie al inicio de la fase de ajuste y consolidación de su posición y competitividad a largo plazo», señala en un comunicado la empresa, cuyos accionistas iniciaron hace unos meses un proceso de venta.
El operador señala que la decisión llega tras haber realizado un «estudio detallado» sobre la organización de la plantilla con el objetivo de optimizar y simplificar sus estructuras y asegura que cuenta con la «voluntad de alcanzar un acuerdo».
Casi 300 millones de euros en fondos
Las salidas en Avatel se producen además después de que el grupo haya sido uno de los principales receptores de fondos europeos para expandir la fibra óptica en el medio rural, lo que hace que probablemente el caso pueda llegar a tener cariz político ante la presión sindical.
El grupo ha obtenido 159 millones de euros como parte de los programas Único Banda Ancha Rural y otros 132 millones de euros para conectar torres de telecomunicaciones con fibra óptica, lo que arroja un total de 291 millones de euros solo por parte de estos dos programas.
Precisamente, en un informe reciente, la empresa de rating Ethifinance, ya advertía que el grupo tenía una «autonomía financiera muy limitada» si se excluían los fondos públicos dada las características de su accionariado, repartido entre tres socios, y la expansión inorgánica que estaba llevando a cabo y que, parece, llegará a su fin con el ERE.
El informe de esta agencia, que califica el riesgo de la deuda, fue difundido hace unos días para los acreedores del operador y, en ellos, la empresa aseguraba que contaba con perspectivas positivas de negocio y había mejorado su rentabilidad, pese a que los ingresos habían caído ligeramente hasta los 259 millones, según el borrador de sus cuentas. Además, trasladó a los autores que esperaba continuar creciendo inorgánicamente.
A cierre de 2023, el grupo contaba con 551 millones de euros de deuda financiera neta, unas 6,4 veces su beneficio bruto (Ebitda) de 2023.
