Además, el seguro podría no hacerse responsable en caso de accidente.
Aproximadamente 375.000 vehículos circulan a diario en la provincia de Málaga con más de cuatro años de antigüedad. A partir de este tiempo, es obligatorio según la normativa de tráfico vigente, pasar la Inspección Técnica de Vehículos, la conocida ITV. Esto representa al 75 por ciento de furgonetas, camiones, vehículos agrícolas, turismos y autobuses que a diario circulan por las carreteras, según informa 101 Málaga.
Desde que vino la pandemia del Covid-19 y debido a los confinamientos y la restricciones a la movilidad, el servicio prácticamente se paralizó y, luego, con la desescalada y los atrasos acaecidos, las ITV sufrieron “tapones” y acumulación de citas que lejos de arreglarse empeoran día a día. A ello se une la falta de personal que sufre la empresa concesionaria de las ITV, Veiasa.
La situación actual de las ITV malagueñas, no muy distintas del resto de provincias, se hallan colapsadas. Ejemplo claro de esta saturación y parálisis es que las citas se están concediendo con fechas superiores a tres meses de plazo. Eso ha provocado que numerosos vehículos salgan a las carreteras y caminos sin la obligatoria Inspección Técnica de Vehículo pasada.
El problema es que la mayor parte de esos propietarios de vehículos sin la ITV pasada no son responsables de ello. Solicitaron con anticipación y cuando se les comunicó la cita pero esta se da con meses de atraso. El problema se agudiza cuando conocemos que la Dirección General de Tráfico avisa de que no se puede usar los vehículos que no cuenten con la documentación que acredita que dicho vehículo ha superado esa inspección.
En definitiva lo que se advierte desde la DGT es aquel conductor que sea parado por la Guardia Civil de Tráfico será sancionado. Esto significa que miles de ciudadanos están expuestos a ser multados por circular con la ITV de su vehículo caducada. Situación que choca si tenemos en cuenta que la administración suspendió esas sanciones y plazos mientras estuvo en vigor el estado de alarma. Aunque Mario Arnaldo, presidente de la Asociación de Automovilistas Asociados, considera que esa sanción «puede ser recurrible».
Las cuantías de las multas están en torno a 200 euros. Pero más grave aún es la indefinición y dudas sobre si las aseguradoras se hacen responsable en caso de accidente.
