Masiva protesta en Madrid contra los indultos a los líderes independentistas de Cataluña

En la plaza Colón en Madrid, se dieron cita decenas de miles de personas para protestar contra los indultos que el Gobierno español estudia conceder a doce líderes independentistas de Cataluña que cumplen condenas por el intento secesionista de octubre de 2017.

A la concentración asistieron las caras más importantes de la derecha política: Pablo Casado, líder del Partido Popular; Isabel Diaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; Inés Arrimadas, por parte de Ciudadanos y el líder de  Vox, Santiago Abascal; entre otros.



«Los indultos son, en primer lugar, una traición a todos los catalanes que sufrieron el golpe separatista de 2017 y que fueron abandonados a merced del separatismo. También es un acto de traición hacia todos los españoles que respetan la ley y la Constitución», dijo Abascal a los medios de comunicación presentes.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez considera los indultos como algo necesario para reconducir las relaciones entre el Estado y la región de Cataluña, críticas desde el intento secesionista en 2017. Pero la oposición sostiene que la medida de gracia oculta intereses partidistas más que de convivencia.

El Gobierno socialista no solo se enfrenta al rechazo de los conservadores sino también a las voces críticas dentro de su partido y a la Justicia española.

El Supremo y también la Fiscalía están en contra del indulto al entender que incumpliría condiciones como el necesario arrepentimiento, pues varios de los condenados insisten en que retomarían la senda independentista, es una medida individual y no colectiva, y supondría que el Gobierno corrija la sentencia de los tribunales.

En una entrevista publicada hoy por el periódico La Vanguardia, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, asegura que los indultos están cerca y «llegarán pronto a la mesa del Consejo del Ministros«. Además Calvo critica la actitud de la oposición conservadora y de los asistentes a la concentración de este domingo ya que la única alternativa viable es «normalizar las relaciones institucionales, parar la tremenda confrontación provocada por el independentismo y la derecha española y estabilizar la situación».

Esta medida de gracia corresponde constitucionalmente en España al Gobierno, pero puede ser recurrida en los tribunales si se considera que incumple los requisitos, recogidos en una ley que data de 1870.

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