Un Guardia Civil pide 40.000 euros a los narcos por facilitarles un desembarco en Torrox

Ha sido condenado, junto a otras cuatro personas, por dar información para que la operación se produjera con éxito

La Audiencia de Málaga ha condenado a un Guardia Civil al que se considera probado que solicitó 40.000 euros a una banda de narcotraficantes a cambio de facilitar el desembarco de la mercancía procedente de Marruecos en las playas de Torrox.

La setencia condena a otras cuatro personas por llevar a cabo operaciones de narcotráfico por vía marítima. Una de ellas es un guardia civil destinado a la vigilancia de las costas para la prevención de la inmigración, el contrabando y el narcotráfico y que, según el Tribunal, colaboró a cambio de dinero, dando información sobre la ubicación de las patrulleras y de las cámaras de vigilancia para que el desembarco se produjera con éxito.

Con esta "dilatada experiencia", señala la Sala, el acusado decidió ofrecerse a la organización, "solicitando recibir 40.000 euros por cada operación de alijo de droga que culminara con éxito. Ese ofrecimiento fue trasladado al resto de los miembros de la red y fue aceptado, siendo su participación  decisiva", según se declara probado, en al menos dos operaciones de desembarco de droga durante el verano de 2010, recibiendo a cambio un sobre con dinero, aunque no ha determinado la cantidad que percibió finalmente.

En la operación de Torrox, que tuvo lugar en mayo de 2011, los acusados se habían concertado para trasladar la droga en una furgoneta desde la zona de desembarco en la costa de Torrox (Málaga) hasta una vivienda en dicho término municipal, alquilada a nombre de una de las acusadas, en cuyo interior se intervinieron 58 fardos de hachís, con un peso neto de 1.688 kilos, valorado en 2,5 millones de euros.

A los cinco acusados se les condena por un delito contra la salud pública y a cuatro de ellos también por pertenencia a grupo criminal. En cuanto al guardia civil, además de los anteriores, se le condena por cohecho, imponiéndole en total siete años de prisión, el pago de una multa de más de tres millones de euros e inhabilitación para el ejercicio de la función pública durante ocho años.

A otro de los procesados se le condena asimismo por simulación de delito, al denunciar falsamente que le habían sustraído una furgoneta que alquiló para transportar la droga. A todos se les aplica la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas.




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