La Consejería de Igualdad impulsa un convenio con entidades bancarias para mejorar la atención a las personas mayores

 La consejera, Rocío Ruiz destaca que esta alianza contribuirá a reducir la brecha digital y fomentar la formación financiera

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y distintas entidades bancarias con representación en Andalucía han suscrito un convenio marco de colaboración para mejorar la atención de las personas mayores y reducir la brecha digital que afronta este grupo de población. Se trata de la primera iniciativa de este tipo desarrollada en nuestro país e incluye compromisos concretos por parte de las entidades para involucrarse en aspectos como mejorar la formación financiera de este colectivo, según ha detallado la consejera Rocío Ruiz. “Desde la Consejería entendemos que es nuestra responsabilidad impulsar actuaciones para mitigar los problemas relacionados con el ámbito financiero que afrontan nuestras personas mayores, y estos convenios son el mejor ejemplo de esa unidad de la sociedad para promover medidas y procedimientos amigables con las personas mayores ”, ha señalado.



Los convenios marco han sido suscritos por Caja Rural del Sur, Cajasur Kutxbank, Unicaja, Banco Santander, Caixabank, Ibercaja y Banco Sabadell. Tras los trabajos preparatorios que comenzaron en junio de 2021, todas las entidades, junto a la Oficina en Sevilla del Banco de España, se sumaron a la mesa de trabajo auspiciada por la Consejería para, en el marco de la elaboración del Primer Plan Estratégico Integral para las Personas Mayores, abordar las dificultades de acceso a distintos trámites bancarios que afrontaban las personas usuarias de más de 65 años. Una mesa que Ruiz ha calificado de “histórica” por cuanto ha sido el primer encuentro de los últimos 12 años en el que coinciden todas las entidades.

“Hoy en día, la edad es un obstáculo en una sociedad cada vez más digitalizada, que exige siempre más conocimientos en este ámbito. Sin olvidar que el edadismo que conlleva esta situación es también un tipo de discriminación que desde cualquier gobierno se debe combatir”, ha destacado Ruiz.

“Las personas mayores en Andalucía ya se han pronunciado en diversas ocasiones sobre la dificultad de acceso a algunos trámites y la sensación de haberse quedado descolgados del mundo digital en su vida cotidiana”, ha destacado Ruiz. Por este motivo, “quisimos adelantarnos y dialogar con las entidades en busca de soluciones”, ha dicho la consejera, quien ha valorado el “compromiso de estas entidades para ofrecer una respuesta individualizada y de calidad a este grupo de población”.

Ruiz ha destacado la sensibilidad de las entidades bancarias por buscar iniciativas para mejorar y brindar una atención preferente a las personas mayores, que en 2021 representaron el 21.93% de la población andaluza mayor de 18 años y alcanzarán el 36% en 2040. “Se trata de una reto de futuro, y por lo tanto es urgente que tanto las administraciones públicas como las instituciones y la sociedad en general nos pongamos cuanto antes manos a la obra para atender estas demandas”, ha insistido la consejera, que ha augurado además que este tipo de acciones supondrán un avance importante en la mejora de la reputación y la confianza de las personas mayores usuarias en sus entidades bancarias de referencia.

En este sentido, los acuerdos marco constatan que el proceso general de digitalización ha generado una brecha digital que dificulta el acceso de las personas mayores a ciertos trámites, “lo que hace más necesario que nunca la colaboración público-privada y la implicación de los agentes administrativos, económicos y sociales para ofrecer una solución individualizada, que combine atención presencial y formación y frene esa sensación de exclusión del ámbito financiero”.

La consejera de Igualdad ha explicado que el logro de estos convenios marco radica en que “se establecen compromisos tanto para las entidades bancarias como para el Gobierno andaluz, que reconoce la importancia de involucrarse en resolver esa brecha digital para atender a un colectivo muy numeroso”. “No es un simple protocolo de intenciones, sino que asumimos compromisos concretos en materia de formación financiera, cuyos detalles de ejecución se desarrollarán en posteriores acuerdos específicos”, ha detallado.

 

Así, el acuerdo marco establece el desarrollo de actividades didácticas y formativas sobre operaciones financieras básicas en el entorno digital, desde la retirada de efectivo a consulta de saldos, la operativa a través de aplicaciones móviles o páginas web y similares. Este proceso de formación se llevará a cabo en los Centros de Participación Activa (CPA) de la Junta de Andalucía, que cuentan con más de 460.000 personas asociadas en toda la región, y también en los centros residenciales de personas mayores que gestiona el Ejecutivo andaluz. Para ello se empleará material pedagógico de las entidades bajo los principios del “Código de buenas de prácticas” elaborado por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Las entidades se comprometen además a, según los procedimientos y la operativa interna que cada una determine, preservar la asistencia personal permanente y desarrollar procesos de comunicación adaptados al perfil de sus clientes de mayor edad. Asimismo, podrán colaborar en el diseño de herramientas que faciliten el acceso universal a dinero en efectivo, con independencia de su lugar de residencia, así como de procedimientos adaptados a las características generales de las personas mayores y enfocados a facilitar su inclusión.

Ruiz ha resaltado que ya se han llevado a cabo iniciativas en esta dirección junto a la Agencia Digital de Andalucía (ADA), entidad adscrita a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, como la aplicación tecnológica desarrollada recientemente junto a Caja Rural del Sur y Vodafone para acercar las sucursales bancarias a las zonas rurales mediante atención personal a distancia.

 

Los acuerdos suscritos con las entidades bancarias se enmarcan en el primer Plan Estratégico Integral para las Personas Mayores 2020-2023. Una iniciativa que llega “20 años después de que lo mandatara la ley”, ha enfatizado Ruiz, y dotada con 164 millones de euros “para hacer políticas transversales que permitan que nuestros mayores sigan siendo un activo social, sigan participando plenamente en la vida y tengan unos recursos públicos de calidad”.

Esta hoja de ruta que pone además el acento en la prevención de la dependencia y el mantenimiento de la máxima autonomía posible para las personas mayores al apostar por un modelo desinstitucionalizado, de forma que estas personas puedan escoger cómo y donde quieren pasar esta etapa de su vida y tengan a su disposición los recursos pertinentes. Incluye también medidas para prevención de los malos tratos, la atención a la vulnerabilidad o la defensa de los derechos de los mayores LGTBI.