El Fiscal pide 30 años de cárcel para el profesor acusado de abusar de cinco niñas del Custodio Puga de Torre del Mar

Sostiene que aprovechando su condición de maestro, les realizó tocamientos durante varios años, por lo que pide además una indemnización para cada una de las víctimas de 15.000 euros.

Según adelanta Agustín Peláez en el Diario SUR, el maestro detenido por tocamientos a alumnas del colegio Custodio Puga de Torre del Mar, donde impartió clases hasta su arresto en enero de 2017, se enfrenta a la primera de sus cuentas pendientes con la Justicia. La Fiscalía de Málaga lo acusa de cinco presuntos delitos de abusos sexuales a menores, por los que pide una pena de 30 años de cárcel. El Juzgado de Instrucción número 5 de Vélez-Málaga ya ha dictado, en un auto fechado el 16 de marzo, la apertura del juicio oral, tal y como confirmaron al periódico fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El Ministerio Público sostiene que el acusado, aprovechando su condición de maestro del Custodio Puga, donde impartía clase desde 2012, habría realizado tocamientos a cinco niñas «tras ganarse su confianza durante varios años y prevaliéndose de dicha relación», relata la fiscal en sus conclusiones provisionales.

El modus operandi presuntamente utilizado por el docente era siempre el mismo. Cuando las alumnas, de unos 10 años, tenían alguna duda, el profesor supuestamente las sentaba en su regazo o en una silla junto a él y, fingiendo hacerles cosquillas o explicarles algo, les realizaba tocamientos sobre o bajo la ropa.

Y lo hacía delante de toda la clase, «de forma disimulada», a solas en las clases de refuerzo o durante el visionado de películas en el aula, aprovechando que se encontraba a oscuras, según el escrito de la acusación. Su conducta, afirma la fiscal, «perduró en el tiempo» hasta que fue detenido por primera vez el 17 de enero de 2017, encontrándose privado de libertad desde el 24 de enero de ese año.

SUR Recuerda que el docente fue arrestado por estos hechos a raíz de una llamada anónima realizada al colegio Custodio Puga. La policía de Vélez empezó a investigar y confeccionó un atestado recogiendo los hechos descritos por las víctimas para presentarlo ante el juez, que dejó al profesor en libertad con cargos. Dos días después, se presentó por voluntad propia en la Comisaría Provincial porque tenía «cargo de conciencia». Allí se derrumbó y confesó a los agentes algo que escondía en lo más profundo de sus instintos. Que tenía un problema que requería tratamiento. Y que su lugar, hasta curarse, estaba en una cárcel. Esta vez, el juez sí decretó prisión.

Al parecer, el profesor confesó los abusos sexuales a varias de las alumnas de 10 y 11 años que aseguraban haber sufrido tocamientos en el centro escolar de Torre del Mar; solo negó haberlos realizado a una de las denunciantes. Pero no fue lo único que reconoció. Durante su declaración en la Comisaría Provincial, que se prolongó varias horas, supuestamente relató a los investigadores que había realizado tocamientos a más niñas en otros colegios en los que había trabajado.

En consecuencia, el juzgado de Vélez se inhibió de una parte de la causa a favor de otros dos juzgados de las provincias de Cádiz y Málaga, en relación a los hechos sucedidos en esos municipios, y continuó instruyendo los abusos denunciados por las alumnas del Custodio Puga, que es sobre los que ahora la Fiscalía de Málaga ha formulado escrito de acusación.

En el caso concreto del colegio de Torre del Mar, el Ministerio Público, siempre según SUR, solicita la pena de seis años de cárcel por cada una de las cinco víctimas, lo que hace un total de treinta, además de la inhabilitación absoluta durante un periodo de 12 años. También pide imponer la medida de libertad vigilada al acusado durante una década, así como una inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, «sea o no retribuido», que conlleve contacto regular y directo con menores durante cinco años más de la pena privativa de libertad que se le pueda imponer en la sentencia.

Respecto a las menores, la fiscal insta a que, en caso de ser condenado, se le prohíba acercarse a un radio inferior a 500 metros a sus domicilios, centros de estudio o a los lugares frecuentados por las cinco niñas, así como comunicarse con éstas por cualquier medio durante un periodo de 16 años. Asimismo, en el escrito de acusación solicita que el acusado indemnice a cada una de las víctimas con la cantidad de 15.000 euros y considera responsable civil subsidiario a la Junta de Andalucía, ya que el docente es funcionario de esta administración

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