El alcalde de Vélez-Málaga asegura que el Ayuntamiento seguirá “ayudando a las familias” de Benajarafe cuyas viviendas tienen sentencia de demolición

Un centenar de vecinos y amigos realizan una concentración de apoyo a los afectados

En torno a un centenar de vecinos y amigos de los afectados ha participado en la concentración de apoyo de las dos familias de Benajarafe que han pedido la paralización de la sentencia de demolición de sus viviendas construidas sin licencia y en suelo no urbanizable.



El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, ha manifestado al respecto que desde el Ayuntamiento “se está ayudando a estas familias desde que se conoció la primera sentencia en el año 2017”. Actualmente, explica, “estamos en el momento de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística que da un tratamiento diferente a algunas zonas rurales en suelo no urbanizable”.

Además, añade, “ahora la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía ya no existe, y ha sido sustituida por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio”. Ambos factores, según el regidor, puede hacer que varíe en un futuro la situación de estas viviendas para “legalizarlas en su totalidad o en parte”. Moreno Ferrer ha apuntado, al margen, que se está indicando al juez tanto esta circunstancia como “la parte social que está ahí”, puesto que “las familias se quedarían en la calle con dos hijos”.

Por otro lado, sigue el alcalde, “estamos explicando al juez que la situación urbanística es diferente”, y que paralelamente los arquitectos municipales “están viendo la posibilidad” de que estas viviendas encajen en la ordenación urbanística “aunque sea derribando parte de ellas o cambiando el uso de algunas zonas para lograr que estas familias mantengan su vivienda”.

Moreno Ferrer ha pedido “cautela y serenidad” para afrontar este asunto “sin populismos”. La sentencia fija la demolición para el próximo 15 de febrero. El alcalde ha asegurado que “claramente, mi prioridad es ponerme al lado de los vecinos, pero no podemos obviar la realidad de la sentencia”.

Al tiempo, ha recordado que el procedimiento judicial viene arrastrándose desde el año 2004, y ya entre 2017 y 2018 “conseguimos frenar la sentencia gracias a los informes emitidos por los servicios sociales municipales” sobre la situación de estas familias.

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