El alcalde de Benamocarra se enfrenta a 4 años de prisión por presuntamente falsear documentos

Abdeslam Lucena se sentará en marzo nuevamente en el banquillo de la Audiencia Provincial, según publica hoy el Diario Sur

El alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena, se enfrenta a cuatro años y medio de prisión por un presunto delito continuado de falsedad documental, según publica hoy Diario Sur.

Según el rotativo malagueño, Lucena se sentará en el banquillo el próximo mes de marzo acusado de manipular documentos aportados en un juicio en 2014 en un procedimiento por el que fue condenado a una multa de 9.600 euros y a seis meses de inhabilitación, que finalmente no tuvo que cumplir.

Siempre según Sur, los hechos se remontan al año 2008, cuando Abdeslam Lucena colocó unas vallas frente al centro educativo en las que acusaba al que fuera portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Manuel Ruiz Cazorla, de ser «un enchufado» de la Junta de Andalucía. El entonces portavoz socialista lo denunció por injurias y calumnias. 

A raíz de este procedimiento, la defensa de Ruiz Cazorla, que lleva el abogado malagueño Francisco Galán Palmero, interpuso una demanda, al considerar que los documentos aportados en aquel juicio por Lucena «habían sido manipulados», siendo creados, supuestamente, a posteriori, con la intención de exculpar al regidor benamocarreño en el proceso. 

Por este motivo, el fiscal pide para él cuatro años y medio de prisión, una multa de 8.640 euros y cinco años de inhabilitación. Junto a Lucena se sentarán en el banquillo el policía local Damián Gálvez del Postigo Cabello y el operario municipal José Enrique Alba Fortes, para los que el Ministerio Público pide la misma pena. El juicio en la Audiencia Provincial está señalado para los días 28, 29 y 30 de marzo y 5 de abril.

Por su parte, el alcalde dijo ayer a SUR que está «totalmente tranquilo» porque confía en su plena inocencia, «al tratarse de documentos privados, por lo que no va a haber ningún problema para poder demostrarlo». «Tenemos dictámenes de destacados catedráticos que avalan que se trataba de documentos privados, por lo que no hay delito», dijo.




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