Doce detenidos de una red acusada de defraudar más de diez millones en IVA de hidrocarburos

La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desarticulado una supuesta organización criminal dedicada al fraude fiscal en el IVA asociado a la compraventa de hidrocarburos en la provincia de Málaga y han detenido a 12 personas por su presunta responsabilidad en un delito fiscal, así como por estafa, tenencia ilícita de armas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

Los supuestos responsables de la trama habrían defraudado cerca de diez millones de euros en el IVA entre finales de 2016 y principios de 2017, momento en el que la Agencia Tributaria impidió sus actuaciones mediante diversos embargos. Además, habrían simulado operaciones inmobiliarias para blanquear los beneficios obtenidos. En la fase final de la investigación se organizó un operativo, denominado ‘Baresi’, mediante el que han sido intervenidos 1,9 millones de euros que han sido bloqueados en diversas cuentas bancarias, y se han trabado embargos sobre más de 60 inmuebles que superan los 12 millones de euros, incluido un hotel; más de 20 vehículos de lujo y más de 100.000 litros de combustible, entre otros efectos. El subdelegado del Gobierno, Miguel Briones; el delegado de la Agencia Tributaria en la provincia, Juan Rico; y el comisario principal jefe provincial, Francisco López Canedo, han informado este miércoles de los detalles de la investigación sobre este grupo organizado, la cual comenzó en 2015 por otros delitos, como tráfico de drogas y otros como contrabandos. Cuando a principios de 2017 se detecta esta defraudación del IVA, según ha señalado el responsable de la Agencia Tributaria en Málaga de forma “muy inmediata”, esto se pone en conocimiento del juzgado que acuerda en marzo el auxilio de la AEAT y centra sus pesquisas en la averiguación de la ocultación de los fondos asociados a estas prácticas. Ha explicado que el supuesto fraude se realiza en la fase de transmisión del combustible entre el operador y los distribuidores minoristas, “que son gasolineras, estaciones de servicio o almacenes fiscales”, apuntando que la defraudación no se produce en el impuesto especial, “que lo ingresa el titular del depósito fiscal”; sino cuando el operador pone a la venta el combustible. En ese momento, ha explicado, “repercuten el IVA, pero no lo ingresan porque ya han introducido el combustible en el mercado a un precio inferior”, apuntando que se trataría de un posible delito contra la Hacienda Pública agravado. Rico ha señalado que la mecánica recaudatoria tiene sus plazos y procedimientos y “no siempre es estrictamente ágil”, pero en este caso “como había una investigación previa y un seguimiento de los comportamientos posibles, ya estábamos en la sensación de que había irregularidades, aunque teníamos que esperar a que se concretara que no ingresaban el IVA”. OPERATIVO Por su parte, el comisario ha explicado que una empresa lidera la supuesta trama, al frente de la cual hay una persona con antecedentes por estafa y que presuntamente se valdría de familiares -tres hijos y un sobrino- y de amigos como testaferros para las otras 12 sociedades que supuestamente participan en la mecánica. Además, hay un contable, una persona de confianza y la organización habría “acudido a un despacho de abogados para crear esas empresas y operaciones inmobiliarias posteriores”. Los 12 detenidos -nueve de ellos en Málaga y otros tres en Granada, Sevilla y Barcelona- han quedado en libertad con cargos, imponiéndole el juez encargado de la instrucción del caso determinadas medidas cautelares. En cuanto a los registros realizados dentro del operativo, que se inició el pasado mes de diciembre, ha señalado que se han practicado ocho en total, en las localidades malagueñas de Fuengirola, donde estaba la sede social de la empresa y donde residía el supuesto líder, y en Torremolinos; así como en Cullar Vega (Granada), donde fue detenido el contable; y en las localidades sevillanas de Estepa y Marchena, ésta última donde estaba el principal intermediario. Asimismo, ha habido un registro en un despacho de abogados de Málaga capital con motivo de la detención del letrado investigado en el entramado; apuntando el comisario que dicha organización “se vale del bufete para montar empresas pantallas y hacer operaciones inmobiliarias para blanquear ese dinero”. COMPETENCIA DESLEAL El subdelegado, por su parte, ha indicado que la organización consiguió colocar “en poco tiempo” en el mercado un importante volumen de producto y ha apuntado que con la posterior defraudación fiscal “se puso en una posición de ventaja competitiva muy importante respecto a otros operadores, lo que permitía vender a precios muy bajos en comparación al mercado”. En este sentido, el comisario ha apuntado que, por ejemplo, en una misma calle con dos gasolineras, “una prácticamente no tenía clientes y en la otra había cola, porque le habían suministrado un carburante con un precio inferior entorno a unos diez céntimos por litro respecto al mercado”. Tanto éste como el responsable de la Agencia Tributaria en Málaga han apuntado que los clientes finales no son gasolineras de bandera, sino ‘low-cost’ o de tipo familiar; y que si de la investigación se detecta un supuesto conocimiento o connivencia por parte de estos establecimientos se pondrá en conocimiento de la autoridad judicial. El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, encargado del caso, acordó diversos embargos sobre los bienes de estas sociedades, principalmente el combustible que trataban de colocar en el mercado, impidiendo así que prosiguiera la actividad. Según las investigaciones patrimoniales posteriores, el entramado simulaba operaciones inmobiliarias para blanquear los beneficios de sus actividades ilícitas. Paralelamente vaciaban sus distintas cuentas bancarias y creaban nuevas estructuras empresariales para evitar el seguimiento de los fondos. Fruto de los registros, además, se han intervenido un revólver y un arma de descarga eléctrica, diversa documentación, y otros efectos entre los que destaca un reloj valorado en más de 30.000 euros. Todos han destacado la “estrechísima” colaboración en esta operación, en la que han participado inspectores de Hacienda de la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la unidad de Málaga de la Agencia Tributaria y agentes de los Grupos II de Blanqueo y Crimen Organizado de la Udyco Costa del Sol de la Comisaría Provincial de Málaga.

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