Los concejales de Izquierda Unida, Miguel Ángel Sánchez y Alicia Pérez Gallardo, han criticado «la pasividad» del gobierno veleño a la hora de velar por el cumplimiento de los contratos que las distintas empresas concesionarias de servicios municipales tienen suscritos con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
Según el portavoz de esta formación, Miguel Ángel Sánchez, “lo grave ya no es que no se apueste por rescatar estos servicios una vez que finalizan los contratos con las anteriores concesionarias, tal y como se volvió a constatar durante el último pleno con parques y jardines, sino que tampoco se vela por el cumplimiento de contratos en vigor como el del suministro de agua potable y saneamiento o la propia limpieza viaria”.
En relación a la limpieza, y haciéndose eco de la denuncia presentada ante la Inspección Provincial de Trabajo por la Sección Sindical Fesp UGT en Althenia, debido al mal estado de la maquinaria usada por esta empresa para barrer las vías públicas del municipio, el grupo municipal de IU ha dirigido un escrito al alcalde de la ciudad, el socialista Antonio Moreno Ferrer, solicitando que “con el pertinente asesoramiento del servicio de prevención de riesgos laborales del Excelentísimo Ayuntamiento de Vélez-Málaga, se tomen cartas en el asunto, exigiendo a esta concesionaria que cumpla con el contrato que tiene suscrito con nuestro municipio, garantizando que la plantilla pueda desarrollar sus tareas con normalidad y sin poner en riesgo su salud”.
Sánchez ha calificado de “bochornoso que, en un municipio como Vélez-Málaga, tengan que ser los representantes de los trabajadores y no el Ayuntamiento quienes exijan que la limpieza viaria se presta con una maquinaria en buen estado y garantizando la seguridad de los empleados que desempeñan esas tareas”.
Rebaja en la factura de Aqualia
La coalición de izquierdas también exige que se repercuta, «de una vez por todas, en la factura de los vecinos el medio millón de euros que Aqualia ya se ha ahorrado en la explotación de este servicio desde que incorporó el agua del Molino de las Monjas a la red de abastecimiento de la ciudad de Vélez-Málaga en mayo de 2016»
.Según la viceportavoz de Izquierda Unida, Alicia Pérez, “han transcurrido ya más de tres meses desde que logramos que se aprobara en pleno que el Ayuntamiento exija a la empresa que repercutiera a los vecinos el ahorro que está teniendo con la puesta en marcha estos pozos. Sin embargo, a raíz de la contestación escrita del concejal de aguas a una pregunta realizada en pleno posteriormente por nuestro grupo, la sensación que da es que estamos ante un escenario de secuestro institucional por parte de la concesionaria. Pues no sólo no cumple con lo acordado en pleno, sino que tampoco hace caso a los sucesivos requerimientos del gobierno”.
Ante esta situación, Pérez afirmó “no entender cómo el concejal de aguas no tiene con Aqualia la misma contundencia que suele mostrar públicamente, por ejemplo, frente a algunos de los planteamientos defendidos por IU durante este mandato”.
“No obstante, a la vista de que esta empresa no parece especialmente interesada en hacer caso a los llamados de la concejalía, sí que tenemos que anunciar que nuestro grupo va a estar siempre ahí para apoyar la apertura de un expediente sancionador o cualquier otra medida que adopte el gobierno, de cara a garantizar que Aqualia cumple con las directrices marcadas por toda la corporación en pleno”, dijo la edil de IU.
Por encargo de Delgado Bonilla (PP), a pocos días de dejar la Alcaldía en 2015, Aqualia ejecutó una obra de más de 1 millón de euros, sin la tramitación de ningún tipo de procedimiento administrativo, para suministrar agua de los pozos Molino de las Monjas a domicilios y establecimientos situados en Vélez-Málaga. Esa decisión y el trámite por el que se ejecutó fue denunciado por Izquierda Unida, y viendo la Fiscalía motivo de delito, dio traslado del caso al Juzgado para su investigación. La coalición de izquierdas, desde entonces, ha venido alertando de que la operación se realizó, además, de tal manera que este agua no pasara por la planta potabilizadora de El Trapiche para evitar el coste del tratamiento a la empresa pública del agua de la Axarquía, motivo por el cual llega a los grifos de muchos vecinos con unos niveles de cal y residuos inaceptables. Las denuncias de los vecinos, de un tiempo a esta parte, lejos de desaparecer, han ido en aumento, en parte gracias a la campaña que IU puso en marcha para reclamar el derecho a agua de calidad. A día de hoy la coalición sigue sin saber cómo se están resolviendo estas reclamaciones por parte de la empresa. Conocer esta cuestión es otra de las exigencias que vuelve a poner sobre la mesa esta formación política “de cara a que se de respuesta a las demandas de la ciudadanía”.
