Según publica Eugenio Cabezas en Diario Sur, el juzgado tumba el documento aprobado por el PP en 2013 por carecer de informes económicos ni de impacto ambiental y el tripartito asegura que lo volverán a elaborar
Maro presume de ser uno de los núcleos urbanos mejor conservados de toda la Costa del Sol. Con apenas 800 habitantes empadronados, la pequeña pedanía nerjeña está situada a escasos 500 metros de distancia de la entrada principal a la Cueva. Este núcleo urbano está declarado Paraje Pintoresco y Sitio Histórico desde los años sesenta del pasado siglo, y se sitúa dentro del ámbito de protección del Bien de Interés Cultural (BIC) de la Cueva de Nerja. Todas estas protecciones han hecho que su crecimiento urbanístico haya sido prácticamente nulo en las seis últimas décadas.
Además, los vecinos que deseaban reformar una vivienda tenían que pedir un permiso a la Delegación de Cultura de la Junta. Sin embargo, en agosto de 2013, tras nueve años de trámites, el anterior equipo de gobierno del PP, liderado por el entonces alcalde, José Alberto Armijo, aprobó un plan especial de protección de la pedanía, con el objetivo de agilizar los trámites de las licencias y poner en marcha una serie de actuaciones para potenciar la conservación y puesta en valor de Maro, como la rehabilitación del antiguo ingenio, del siglo XVI.
Sin embargo, cuatro años después, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nulo el documento, a raíz de un recurso interpuesto por la sociedad promotora Larios, que es propietaria de una gran parte de los terrenos donde se ubica la pedanía nerjeña. En la sentencia, notificada al Ayuntamiento a finales del pasado mes de enero, y a la que ha tenido acceso este periódico, se destaca que el documento carecía de los informes económicos y de impacto ambiental que eran preceptivos y vinculantes para su elaboración. En el pleno celebrado el pasado jueves, el equipo de gobierno tripartito, de PSOE, IU y EVA-Podemos, dio a conocer este fallo y anunció que se acatará «de forma inmediata».
En este sentido, la edil de Urbanismo, Anabel Iranzo (IU), explicó a SUR que la sentencia no conlleva una desprotección para Maro, sino que ahora vuelve a regirse por la normativa andaluza y del PGOU. «Las licencias tendrán que ser informadas de nuevo por la Junta», advirtió, al tiempo que señaló que en estos cuatro años apenas se han concedido una decena de permisos de reformas de inmuebles. «Nuestra intención es volver a elaborar un plan especial, pero cumpliendo escrupulosamente los requisitos que fija la normativa, algo que lamentablemente no hizo el PP», dijo.
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