El exalcalde de Sedella José Antonio Gutiérrez ha aceptado nueve meses de prisión y cinco años de inhabilitación por un delito contra la administración pública en relación con la compra de materiales para el ayuntamiento a una empresa de su hermano, que también ha expresado su conformidad, inflando los precios para quedarse con la diferencia.
La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha acogido este lunes el juicio, en el que ambos acusados se han mostrado conforme con los hechos por los que les acusaba la Fiscalía y con las modificaciones realizadas en cuanto a la condena, al aplicarles la circunstancia que atenúa la pena de reparación del daño, según han informado fuentes judiciales. Los hechos ocurrieron en 2013. Según la acusación, con la que los procesados han mostrado su conformidad, el entonces alcalde, aprovechando esta circunstancia para «obtener un beneficio económico y causar perjuicio a la administración municipal y provincial», realizó diversos contratos para el suministro de material informático y deportivo, pero «aumentando el valor de las partidas facturadas»
Así, en el marco del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, establecido por la Diputación, por el que se recibían subvenciones de 15.000 y de 23.000 euros, el exregidor incrementó los precios respecto a los de mercado «y adquirió bienes no necesarios», con el fin de «incorporar a su propio patrimonio las diferencias de valor», señala la acusación pública. De esta forma, el entonces alcalde acordó con su hermano crear dos empresas en las que el familiar era administrador único, con las que contrató el suministro de material informático por valor de 15.000 euros y deportivo por 23.000 euros, «sin que el material realmente entregado tuviera ese valor en el momento de facturación ni fuera aplicado a los fines previstos en el plan provincial». En cuanto al material informático, fueron 16 equipos, con un precio de 937 euros cada ordenador, cuando el precio real era entre 553 y 580 euros; incluyéndose 1.120 euros en concepto de instalación y puesta a punto «no siendo necesaria»; además de que parte del material está en dependencias municipales dentro de su embalaje. Sobre el deportivo, según la acusación, lo facturado excede de su valor real de mercado en 3.000 euros.
