Andalucía urge al Gobierno a bajar los impuestos al sector agrario para afrontar los costes desorbitados

La consejera Carmen Crespo reclama también medidas específicas que den liquidez a la flota pesquera andaluza y compensen el elevado precio del combustible y suministros.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha participado este jueves en el Consejo Consultivo de Política Agrícola de Asuntos Comunitarios, en el que ha trasladado la postura de Andalucía, consensuada con los representantes de los sectores agrario y pesquero respecto las medidas aprobadas por el Gobierno para mitigar los efectos de la guerra en Ucrania.



En concreto, Carmen Crespo ha defendido la «necesidad» de una bajada de impuestos que dé «oxígeno» al sector agrario ante la desorbitada subida de costes de producción. La titular del ramo ha trasladado la posición consensuada previamente con las organizaciones profesionales agrarias, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, reclamando como una prioridad que el Gobierno central destine más fondos del Next Generation al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Al mismo tiempo, en este caso consensuado con el presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope), Manuel Fernández; el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), José María Gallart; el presidente de la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía (Asema), Antonio Concepción; la presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (Andmupes), María Ángeles Cayuela; y el presidente de la Asociación de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco (Anamar), José Ramón Muriel; Carmen Crespo ha defendido la necesidad de apostar por «medidas que den realmente liquidez al sector pesquero y ayuden a afrontar los elevados costes que está sufriendo», especialmente en lo referente al combustible, la energía y los suministros.

Sector agrario

Crespo ha concluido que la bajada de 20 céntimos en los carburantes es insuficiente y ha reclamado al Ministerio, entre las principales demandas de Andalucía, una bajada fiscal a través de una desgravación especial de la energía, el gasóleo, los piensos, los fertilizantes y los plásticos para el sector agrario. De esta forma, se persigue que los agricultores y los ganaderos compensen parte de una subida generalizada de los costes que pone en serio riesgo la rentabilidad de una actividad que en el caso de la comunidad andaluza supone el 11% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 10% del empleo.

España va a recibir de Europa 70.000 millones de euros en transferencias hasta 2026 a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por ello, Crespo ha incidido en que el Ministerio de Agricultura debe recibir mucho más de lo inicialmente fijado. «No puede ser que solo cuente con 1.000 millones de euros del Next Generation, mientras que Transición Ecológica se lleva 14.000 millones de euros», ha enfatizado.

El Gobierno andaluz tiene claro que «no es el momento de establecer más cargas que limitan» a un sector que ha sido un ejemplo durante la pandemia y que en comunidades como Andalucía es uno de los ejes sobre los que pivota la economía. «Consideramos que es necesario adecuar la nueva PAC a la situación de excepcionalidad, de forma especial en la aplicación de los ecoesquemas. Los agricultores y los ganadores andaluces son ejemplo de aplicación de prácticas sostenibles. De hecho, la superficie ecológica ya se encuentra en el 29,7%, pero implantar ahora las estrategias De la granja a la mesa y la Biodiversidad supondría recortar en un 10% la competitividad del sector», ha añadido.

Perjudicial reparto de las ayudas a la leche

La consejera ha agradecido que se pongan en marcha ayudas «absolutamente imprescindibles» para la subsistencia de agricultores y ganaderos, pero ha exigido un reparto «justo y equitativo». Es decir, una distribución del fondo de crisis (193 millones de euros) similar al que ha hecho la Unión Europea con los Estados miembros, lo que supone que a Andalucía llegue un 29,5% del presupuesto. «No se trata solo de paliar los efectos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, sino de dar una respuesta a la crisis por una subida desorbitada de los costes de producción y por la sequía que castiga de forma especial a Andalucía».

En este mismo sentido, Crespo ha expuesto la preocupación del sector de la leche. «El sistema fijado por el Gobierno para el reparto de 160 millones de euros en ayudas nos perjudica al no tener en cuenta el modelo productivo de leche de Andalucía. El reparto que hace el Ministerio, sin previa negociación, penalizará en 3.900 euros de media a las explotaciones de leche de vacuno y en 1.000 euros a las de caprino de leche», ha explicado.

Desde Andalucía, por último, se insiste en la conveniencia de recuperar la doble tarifa eléctrica para regadíos, como se acordase en 2018, al tiempo que se insiste en proteger la soberanía alimentaria a través del concepto de preferencia comunitaria y la aplicación de las cláusulas espejo para evitar la competencia desleal de terceros países.

La consejera ha destacado el esfuerzo del Gobierno andaluz para responder a una situación límite como la que vive el sector agrario. Así, el próximo lunes se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el decreto-ley aprobado el pasado martes en el Consejo de Gobierno y que incluye medidas de emergencia y urgencia para paliar la sequía y la crisis de costes de producción en los sectores agrícola, ganadero y pesquero. «Invertimos hasta 125 millones de euros más en infraestructuras hidráulicas, que se suman a los 18 millones que ya se ejecutan, y que permitirán ampliar los recursos hídricos disponibles en 120 hm³ gracias a las aguas regeneradas, desaladas y subterráneas».

Sector pesquero

Respecto al sector pesquero, Carmen Crespo ha explicado que el sistema elegido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el reparto de las ayudas «no tiene en cuenta la estructura de la flota pesquera andaluza, que cuenta con un 60% que es artesanal«. En este sentido, ha detallado que la Unión Europea da margen a los Estados miembros para que arbitren ayudas directas de hasta 65.000 euros por barco, mientras que el Gobierno de España solo ha destinado 35.000 euros «a pesar de que es el país con mayor flota pesquera de toda la Unión».

A ello se suma que las ayudas directas se reparten por barco en función de su tamaño y volumen (GT), quedando reducida la ayuda que reciben a 1.550 euros por embarcación de menos de 25 GT, la menor cuantía de las contempladas por el Ministerio. La consejera ha exigido que «se tenga en cuenta la estructura de la flota de nuestra comunidad autónoma» ante las «insuficientes» las ayudas estipuladas.

Crespo ha defendido ante el Gobierno una postura consensuada previamente al Consejo Consultivo en una reunión telemática con los representantes de las organizaciones pesqueras.

0,60 céntimos el litro

Andalucía también ha demandado en el Consejo Consultivo que se establezca un tope de precio de 0,60 euros por litro de gasóleo para el sector pesquero, puesto que por encima no resulta rentable. Al respecto, Carmen Crespo ha explicado que «los 20 céntimos de rebaja aprobados por el Estado no son la solución».

Por otra parte, la consejera ha pedido una bonificación a la Seguridad Social y no el aplazamiento a tres meses aprobado por el Ministerio. Además ha lamentado que «están cobrando intereses del 0,5% a un sector que se encuentra ya muy endeudado y al que no le dan ni siquiera la posibilidad de llevar a cabo un aplazamiento si ya tienen solicitado uno previamente».

Respecto a las tasas portuarias, Andalucía ha pedido al Ministerio que no se limiten exclusivamente a la descarga de pesca fresca y tengan en cuenta, como hace el Gobierno andaluz, a todos los operadores de sus puertos, desde las tasas por descarga de embarcaciones a las referentes a los cuartos de armadores.

Además, Crespo ha solicitado la puesta en marcha de ayudas para tripulantes, almadrabas y empresas auxiliares, que son, a su juicio, «imprescindibles para la actividad del sector pesquero». La consejera ha lamentado, asimismo, que «dejan fuera también a las empresas acuícolas».

El sector viene sufriendo años de recortes en sus posibilidades pesqueras y, como ha subrayado la consejera, «no reciben el apoyo que se merece por parte del Ejecutivo central». En la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, por el contrario, «lo tenemos claro: la pesca es una actividad estratégica, esencial e imprescindible para la economía y el empleo en Andalucía», como ha especificado Crespo. Y es que, según ha remarcado, «de ella dependen 20.000 familias de la comunidad».

La posición de Andalucía en el Consejo Consultivo ha sido muy clara: «Sostenemos que hay que poner encima de la mesa todas las posibilidades para ayudar a nuestro sector primario a salir adelante, a hacer frente a la situación excepcional que está viviendo y contribuir a que no pierdan competitividad». Para la consejera, «es crucial darles liquidez, arroparlos y defender sus intereses».

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