Se llama ‘Operación Vastum’ (vertido, en latín) y se inició en 2017 a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción Andalucía en la cual se ponían de manifiesto «graves irregularidades» en el tratamiento de aguas residuales urbanas, que se vierten en el mar o en cauces públicos (ríos o arroyos) sin depurar. Dos años después, esa investigación, en la que trabaja el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, suma ya 16 cargos o excargos públicos de Nerja y Coín investigados por delitos contra el medio ambiente, según publica el Diario SUR.
La ‘operación Vastum’ ha alcanzado ya dos de las tres fases previstas. La primera se ha centrado en la localidad de Coín. La segunda fase acaba de terminar y se ha desarrollado en Nerja, donde los agentes han citado a declarar en los últimos días a la actual alcaldesa, Rosa María Arrabal (PSOE), y a los concejales con responsabilidad en medio ambiente e infraestructuras. También han desfilado por el cuartel seis miembros de la anterior corporación, con el exalcalde José Alberto Armijo (PP) a la cabeza y otros cinco ediles o exediles populares, así como a dos gerentes de la empresa pública nerjeña Aguas de Narixa. En total, otros 11 investigados, de momento, policialmente. El atestado ya ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Torrox, que tiene unas diligencias abiertas contra parte de la corporación anterior y la actual, precisaron desde el TSJA.
El tercer vértice de ‘Vastum’ aún está en fase documental y se centra en la localidad de Alhaurín el Grande.
La denuncia de Ecologistas en Acción señalaba la posible existencia de un delito de estafa al considerar que desde 2011, tras su aprobación en la Ley de Aguas de Andalucía, empezó a cobrarse a los contribuyentes un canon de depuración en sus facturas. El colectivo entendía que los ayuntamientos sin sistema de depuración podían estar defraudando a los usuarios al cobrarle una tasa –aunque el destinatario final del canon es la Junta– por tratar el agua cuando, en la práctica, no la sometían a depuración alguna por carecer de infraestructura.
Ecologistas en Acción apuntaba inicialmente a una decena de ayuntamientos andaluces con poblaciones superiores a 15.000 habitantes, los cuales podían estar incumpliendo la normativa, ya que debían disponer de depuradoras desde 2001. De los cinco señalados inicialmente en Málaga, por los que Europa llegó a condenar a España, se quedaron en tres a raíz de la entrada en funcionamiento de la depuradora de Guadalmansa. A partir de ahí, el foco de la investigación se centró en Nerja, Coín y Alhaurín el Grande.
La Fiscalía encargó las pesquisas en 2017 al Seprona, que el 7 de noviembre de ese mismo año remitió un informe preliminar de la documentación obtenida, de la que se deducía «el incumplimiento de la legislación medioambiental» por parte de esos tres municipios en la gestión de sus vertidos de aguas residuales. El 13 de noviembre de ese mismo año, la Fiscalía acordó que se investigaran, por separado, aunque dentro de una misma operación, las tres patas de ‘Vastum’, que ahora empiezan a llegar al juzgado.
Según SUR, en Nerja, el vertido se hace directamente al mar a través de tres emisarios, dos de ellos submarinos, a la altura de Burriana y Torrecilla, ambos a un kilómetro de la costa, aproximadamente, y a unos 40 o 50 metros de profundidad. El tercero está en el acantilado de Maro, a dos metros del nivel del mar, por encima de la superficie, de manera que el ‘collage’ de toallitas queda completamente a la vista desde el mar. Este último está a 700 metros del parque natural. Las aguas residuales que vierten al mar los tres emisarios no tienen ni el ciclo primario de depuración.
Para el Seprona, la Fiscalía y Ecologistas en Acción, así como para los muchos particulares que han denunciado esta situación en estos municipios, estos vertidos de aguas sin tratamiento suponen un «atentado» contra el medio ambiente que está destrozando la flora y fauna autóctona –en Nerja, por ejemplo, los vertidos han destruido ya la mitad de una colonia de moluscos que tiene una especial protección– cuya responsabilidad tendrán que depurar los tribunales. El argumento común a la mayoría de los 16 investigados es que esa responsabilidad sería de la Junta de Andalucía, que es quien cobra el canon por depurar el agua y debería dotar de la infraestructura necesaria.
Fotografía Eugenio Cabezas, Diario SUR.
