La consejera de Inclusión Social subraya que la medida se toma en tiempo récord y beneficia al mes a más de 6.500 familias vulnerables de la región.
La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha convalidado el decreto ley que regula la Renta Mínima de Inserción de Andalucía, conocida como Rmisa, la cual da cobertura cada mes a 6.500 familias en situación de pobreza. Esta convalidación se produce después de que el Consejo de Gobierno aprobara el pasado 20 de diciembre de 2022 este cambio normativo realizado en tiempo récord para poder dar respuesta a las familias andaluzas más vulnerables debido al aumento del coste de la vida y el alza de los precios. En su intervención parlamentaria, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado las ventajas que supone este cambio normativo, un decreto que ha sido convalidado en la Cámara autonómica.
Así, con esta medida se consigue incrementar una media del 45% la renta autonómica, al tiempo que se evitan desigualdades entre las familias que cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la prestación andaluza y se da cobertura a aquellas que quedan fuera del IMV. «La lucha contra la pobreza es un objetivo prioritario del Gobierno andaluz», ha continuado la consejera, que ha explicado que la incompatibilidad de la prestación autonómica con la estatal ha hecho necesario replantear el escenario de la cobertura proporcionada por la Junta.
En concreto, la cuantía de la Rmisa aumenta un 45% de media. Así, la prestación base para cualquier persona sola que la solicite tras su entrada en vigor sube de los 451 euros actuales hasta los 533 euros. Además, a esta cantidad se suma un 30% por cada miembro de la unidad familiar y, en el caso de ser familias monoparentales, tendrán un complemento adicional del 22%, del que también dispondrán aquellas familias que tengan algún miembro con discapacidad. La cuantía máxima de la Rmisa pasa de los 839 a los 1.173 euros.
De hecho, la consejera ha recordado que el Anteproyecto de Ley del Ingreso por la Infancia y la Inclusión en Andalucía (IPII) incluía una subida por cada miembro de la unidad familiar de un 10% que ahora se eleva al 30%, siendo también del 10% para familias monoparentales o con algún miembro con discapacidad y en la Rmisa se establece el complemento en el 22%. Por ello, la consejera ha defendido la importancia de actuar con celeridad para dar respuesta a la población más vulnerable y ha explicado que eso ha llevado al Gobierno andaluz a optar por la modificación del decreto ley para agilizar tiempos y evitar toda la demora que conlleva la aprobación de una ley.
López ha señalado que «lo importante no es el nombre de la prestación sino la respuesta a la necesidad y que ésta sea rápida y eficaz». «Los casos con mayor necesidad son los que tendrán una mayor subida», ha enfatizado López, que ha sostenido que todas las familias excluidas del IMV quedarán protegidas por la Renta Mínima de Inserción de Andalucía (Rmisa).
Así, se permite la compatibilidad con el IMV a las familias que pasen por una situación de urgencia o emergencia social como son casos de mujeres víctimas de violencia de género o explotación sexual, por enfermedad o accidente grave, o en caso de pérdida de la vivienda habitual. Otro colectivo que será atendido con la Rmisa es el de personas que están en trámite de protección internacional, es decir, las personas que, por ejemplo, están esperando el reconocimiento de asilo. De este modo, una de las principales mejoras de este decreto es la atención prioritaria que se da a los casos de urgencia y emergencia.
En esta misma línea, la consejera ha incidido en que con este decreto ley se da protección a aquellas personas en situación de vulnerabilidad que quedan fuera del Ingreso Mínimo Vital. Por ejemplo, aquellas personas con edades comprendida entre los 18 y 22 años que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33% o cuando tengan a cargo a una persona con discapacidad, incluyendo situaciones de tutela o acogimiento familiar; también contempla a aquellas personas con 16 o 17 años emancipadas y que tengan a cargo a una persona con discapacidad.
Tal y como ha subrayado la consejera, el Ingreso Mínimo Vital ha tenido siete modificaciones en tan solo dos años y medio, por lo que se hacía necesario una solución para compatibilizar, en algunos casos, y completar, en otros, la prestación estatal con la autonómica.
Además, con esta medida se busca poner fin a los reintegros que se producen por el solapamiento de ambas prestaciones, ya que las constantes revisiones del Ingreso Mínimo Vital y la falta de respuesta del Gobierno de España a la propuesta de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad para la cogestión del IMV hacen que cobrar ambas ayudas deriven en pagos indebidos que después la administración regional está obligada a reclamar a las familias. «No tendríamos que reclamar que devolviesen fondos si nos dejasen gestionar el Ingreso Mínimo Vital, como ya ocurre en el País Vasco o Navarra o como ya ha solicitado también Cataluña», ha señalado la titular de Inclusión Social.
Respecto a otras comunidades autónomas, Loles López ha remarcado que, mientras en Andalucía la cuantía máxima alcanza los 1.173 euros, por ejemplo, en Extremadura es de 960 euros y en La Rioja de 750. De esta forma, esta cantidad de 1.173 euros -que supone un alza del 72%- será la cantidad que cobre una pareja con tres hijos menores, entre otros casos, una vez que se solicite tras la entrada en vigor del decreto.
Entre otros objetivos de la Rmisa, se encuentra la creación de una ayuda complementaria para las familias que cobren un IMV de hasta cien euros al mes. Esta ayuda se abonará mediante un pago único anual y permite complementar la prestación estatal teniéndose en cuenta la situación de vulnerabilidad de la familia en el momento de su solicitud. Este complemento al IMV se aplicará a partir del mes de julio, una vez la administración regional disponga de los datos definitivos de las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, dada las variaciones en su cuantía que se producen durante el año.
De este modo, ante el complejo escenario socioeconómico actual y la situación de vulnerabilidad de muchas familias «hemos decidido actuar ya para, en el menor tiempo posible, dar respuesta», ha incidido la consejera, que ha explicado que la Rmisa tiene en cuenta «no la renta del año anterior de la persona, como ocurre con el Ingreso Mínimo Vital, sino el momento actual en el que se encuentra» ya que su coyuntura y escenario puede variar y se trata de buscar soluciones accesibles a los ciudadanos y ciudadanas.
El decreto convalidado en el Parlamento permite, además, adoptar medidas para facilitar el acceso al bono social térmico, simplificar los procedimientos de renovación del título de familia numerosa y de concesión de las tarjetas de aparcamiento para vehículos para personas con movilidad reducida.
Familias numerosas
Así, la nueva norma permitirá acortar los tiempos de respuesta a la ciudadanía en la renovación de títulos de familia numerosa en vigor. Se trata de agilizar los tiempos de espera de las familias para que no se produzcan cortes en el disfrute de los derechos y beneficios que otorga el título de familia numerosa.
El ahorro en tiempo se consigue porque ahora la familia presenta, junto con la solicitud de renovación, una declaración responsable en la que manifiesta que se siguen cumpliendo los requisitos, de manera que no es necesario que presente documentación adicional y, tras esta solicitud, recibirá la resolución en la que se le indica la siguiente fecha de renovación.
Además, mediante ese mismo mecanismo la Consejería de Inclusión Social, a través de las distintas delegaciones territoriales que son las competentes en la materia, va a proceder a dar por renovados todas las solicitudes pendientes presentadas en los últimos meses y hasta el 31 de diciembre de 2022. Todos estos títulos serán renovados por cinco o dos años más, según la casuística. De hecho, desde finales del año pasado se han resuelto 7.000 títulos, lo que pone de relieve la eficacia de esta medida.
Otro de los aspectos que se ven agilizados es el relativo a la concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida, que se otorgará con carácter indefinido cuando esté acreditado y reconocido el grado de discapacidad de forma permanente. No obstante, cuando el reconocimiento del grado de discapacidad tenga carácter provisional, la tarjeta se concederá por el plazo de revisión del grado de discapacidad correspondiente.
Por último, este decreto dota de cobertura legal a la obligación de las comercializadoras de facilitar los datos personales de las personas beneficiarias del bono social térmico, que gestiona la Junta de Andalucía. El objetivo es mejorar la tramitación, salvar el escollo legal para acceder a los datos de los usuarios y así poder determinar el importe de la ayuda y proceder a su pago.
