Los policías encontraron muñecos de apariencia realista de menores desnudos en el salón de la casa en la que residía el sacerdote, informa Diario Sur.
El trabajo de rastreo que realizaban los ciberagentes de la Policía Nacional en la red se cruzó con una información que les llegó de un organismo estadounidense encargado de recibir y canalizar perfiles que comparten pornografía infantil. Comenzaba así la bautizada como ‘operación Sandrina’, en el marco de la cual fue detenido un sacerdote en la capital malagueña, que ahora se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados para enfrentarse a los nueve años de cárcel que solicita para él la Fiscalía de Málaga.
La alerta de las autoridades norteamericanas incluía una serie de direcciones IP cuyas conexiones se ubicaban en la provincia de Málaga y sobre las que advertía de que, mediante el intercambio de archivos Peer to Peer (P2P), se estaban compartiendo imágenes de contenido pedófilo. El trabajo del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial se centró en explotar esa información y situar geográficamente los lugares desde donde se estaban realizando esas descargas, llevando uno de esos rastreos hasta el cura, que residía en la capital costasoleña.
El hombre ejerció durante doce años como profesor de religión en un instituto de Coslada (Madrid) y desde su ordenación como sacerdote en mayo de 2003, ejerció su ministerio en la diócesis de Alcalá de Henares. Tenía fijada su residencia en la comunidad de Madrid hasta que en octubre de 2017 se trasladó a Málaga para cuidar de su madre, que se encontraba enferma y tenía 80 años de edad.
Precisamente, fue hasta casa de la anciana hasta donde llevó un primer rastreo de las IP efectuado por los policías nacionales. Desde allí se puso a disposición de los usuarios de una red de intercambios de archivos P2P, vídeos e imágenes en los que se pueden ver a menores, con edades inferiores a los 13 años, posando desnudos y practicando relaciones sexuales con adultos, siempre según indica el fiscal en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico.
A los agentes les sorprendió que la anciana, según se reflejaba en el catastro, residiera sola en la vivienda, situada en la zona de Miraflores de los Ángeles de la capital. Por ello, continuaron con las pesquisas para averiguar quien era la persona que realmente utilizaba esa dirección IP. Así descubrieron que justo en el piso de al lado vivía su hijo, el sacerdote procesado en esta causa.
Con todos estos datos, los agentes dieron paso a la fase de explotación de la operación con la entrada y registro, primero, en la vivienda de la anciana. Allí, en una habitación cerrada con llave, que fue voluntariamente abierta por el acusado, se encontraron numerosos dispositivos de almacenamiento masivo y varios equipos informáticos. Precisamente, en el que estaba conectado a la red, los policías nacionales observaron que había una gran cantidad de archivos de pornografía infantil en el escritorio.
También localizaron en el cuarto un software de descargas en el que se apreciaban cadenas de búsqueda en las que el procesado, presuntamente, usaba palabras que aludían a la pornografía infantil. Entre otros efectos intervenidos, se hicieron con una cámara de vídeo digital con el número de serie borrado y un teléfono móvil.
Tras el paso por el piso de su madre, los agentes procedieron a registrar el del sacerdote. En el salón de la casa había muñecos de apariencia realista de niños desnudos y, en una estancia contigua, encontraron multitud de preservativos usados y cientos de prendas de menores, así como globos y caramelos. Asimismo, fueron intervenidos una gran cantidad de dispositivos de almacenamiento electrónicos.
Tras ello, se procedió al volcado de la información de todos esos discos duros, donde los agentes descubrieron miles de imágenes y vídeos (más de 400.000) de contenido pedófilo. En algunos de ellos se aprecia como el procesado coloca una cámara oculta en baños para grabar a menores, en otros se le ve como realiza tocamientos a niñas, varios en clases de catequesis, según se recoge en el escrito del Ministerio Público.
El fiscal, en sus conclusiones provisionales, explica que por muchas de estas imágenes se abrieron procedimientos distintos contra el cura, que en Málaga nunca ejerció la docencia destinada a menores. Por ello y tras un auto del Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, el procedimiento en el que solicita los nueve años de cárcel únicamente se refiere a los delitos de tenencia y distribución de pornografía infantil, de los que el representante del Ministerio Público acusa al sacerdote.
Además de la citada pena de prisión, la Fiscalía malagueña solicita que se imponga al procesado la medida de nueve años de libertad vigilada y pide que se le prohíba también por nueve años desempeñar cualquier empleo en el que esté relacionado con menores de edad.
