La Renta Mínima de Inserción ya ha movilizado 512M€ que han llegado a más de 120.000 familias en Andalucía

Loles López hace en el Parlamento un balance de la gestión de esta ayuda: una subida del 45% y la paralización de los reintegros.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha realizadoen el Parlamento andaluz un balance de la gestión de la Renta Mínima de Inserción de Andalucía, conocida como Rmisa, que ha movilizado desde su aprobación en 2018 y hasta el pasado año 2023 un total de 512 millones de euros, que han beneficiado a más de 120.000 familias.



En enero del pasado ejercicio se convalidó en la Cámara andaluza el decreto ley que modificaba la Rmisa y que llevaba aparejado una serie de mejoras como el aumento de la cuantía en un 45 por ciento de media o la paralización de los cobros de reintegros a aquellas personas que tenían acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y a la prestación autonómica.

Asimismo, la consejera ha destacado el mayor porcentaje de ejecución de los planes de inclusión sociolaboral asociados a esta prestación, que ha alcanzado un 86 por ciento frente al 26 logrado en 2018.  De hecho, otro ejemplo del grado de eficacia conseguido es que el tiempo medio de resolución de una solicitud, que se ha alcanzado en 60 días, es decir, se resuelve dentro del plazo, algo que “nunca antes” se había dado desde la creación de esta prestación en 2018.

Tras remarcar que la lucha contra la pobreza es “un objetivo prioritario” del Gobierno de Andalucía, la consejera ha recordado que con este cambio normativo se ha conseguido “incrementar la Rmisa un 45% de media, proteger a las familias excluidas del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y evitar los reintegros que la Junta se veía obligada a solicitar a las personas que cobraban tanto el IMV como la Rmisa”.

Por ello, López ha recriminado que la modificación del decreto saliera adelante sin el respaldo del resto de grupos políticos cuando se trata de una prestación que da cobertura a las familias que se quedaban fuera de la prestación estatal (IMV) como aquellas en situación de urgencia o emergencia social como casos de mujeres víctimas de violencia de género o explotación sexual, por enfermedad o accidente grave, o en caso de pérdida de la vivienda habitual, así como cubre a las personas entre los 18 y 22 años que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, incluyendo situaciones de tutela o acogimiento familiar.

Además, la prestación sube de los 468 euros para una persona sola hasta los 604 euros, por ejemplo. Además, a esta cantidad se suma un 30% por cada miembro de la unidad familiar y, en el caso de ser familias monoparentales, tendrán un complemento adicional del 22%, del que también dispondrán aquellas familias que tengan algún miembro con discapacidad.

Ante estas circunstancias, ha contrastado la gestión y ejecución de la Rmisa con el Ingreso Mínimo Vital, el cual es “un caos” por “cómo nace, cómo se gestiona y cómo se sigue gestionando” ya que, según datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y de la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), solo ha alcanzado al 48 por ciento de las personas que podían beneficiarse del mismo.  Por ello, López ha instado a los grupos políticos a que “piensen en las personas más vulnerables” y menos en intereses partidistas, al tiempo que ha defendido que la Rmisa es “un derecho subjetivo” que van a cobrar aquellas personas que cumplan los correspondientes requisitos.

Tarjetas monedero

De otro lado, ha puesto también como ejemplo de la falta de gestión del Gobierno central el programa de tarjetas monedero ya que mantiene una postura “inamovible”, pese a que deja a 280.000 andaluces fuera del mismo.

Además, en ocho de cada diez municipios no hay establecimientos adheridos donde adquirir los alimentos básicos, es decir, “en 665 municipios andaluces” no hay ninguna tienda donde se puedan usar estas tarjetas, ha enfatizado la consejera. Así, ante la próxima conferencia sectorial el día 17 de junio, López expondrá de nuevo las demandas de Andalucía, que como el resto de las comunidades autónomas, sigue con dudas sin resolver sobre la implantación y sin directrices concretas al respecto.




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