La Junta tramita 2.920 expedientes para evitar desahucios en la provincia de Málaga

Ruiz Espejo destaca que este sistema desarrolla una “valiosa labor de apoyo desde una perspectiva integral y personalizada”.

La Consejería de Fomento y Vivienda ha tramitado 2.920 expedientes para evitar desahucios en la provincia de Málaga a través de la Oficina del sistema andaluz de información y asesoramiento integral en materia de desahucios, según los datos que ha expuesto hoy el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo.

Ruiz Espejo, junto con el delegado territorial de Fomento, Francisco Fernández España, han visitado hoy las instalaciones de la Oficina, que cumplirá 5 años en funcionamiento el próximo mes de octubre. 

El delegado del Gobierno andaluz ha destacado que “este sistema desarrolla una valiosa labor de apoyo y asesoramiento desde una perspectiva integral y personalizada” y ha añadido que, desde finales de 2015, “la Junta ha hecho un gran esfuerzo por convertir este servicio en una ventanilla única de la Administración autonómica para el ciudadano que ha sido despojado de su vivienda o está en riesgo de ello por el endeudamiento sobrevenido”. 

Durante estos años de funcionamiento la Oficina antidesahucios ha atendido 8.280 consultas, de las cuales 5510 fueron familias que acudieron de forma presencial al servicio con problemas de impago de sus hipotecas.  Del total de familias atendidas, necesitaron de la apertura de expediente para su posterior seguimiento y solución de su caso 2920.  

De estos 2.920 expedientes atendidos desde octubre de 2012 – fecha del comienzo de funcionamiento de la Oficina- un total de 700 casos acudieron a este servicio en la fase de prevención, 1.862 en la fase de intermediación y 358 en la etapa de protección. Durante el ejercicio pasado, se registraron 277 expedientes: 68 se abrieron en la fase de prevención, 160 en intermediación y 49 en protección. 

Del total de familias atendidas en el servicio, casi el 50 % se corresponden con el municipio de Málaga, un 20 % con la Costa del sol occidental, un 10 % de la Costa oriental y el resto del interior de la provincia. 

Las personas interesadas pueden acudir presencialmente a la Oficina, ubicada en la Plaza de San Juan de la Cruz 2, de la capital malagueña, o solicitar información a través del teléfgono 951.038.356 o en el siguiente enlace: http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/vivienda/sistema_andaluz_asesoramiento_desahucios

A través de este instrumento, la Junta presta apoyo a las familias en riesgo de pérdida de su vivienda habitual y permanente, ofrece información y orientación profesional de forma prioritaria y singularizada en todas las cuestiones relacionadas con el derecho a una vivienda digna, con especial atención a aquellas personas que carecen de los medios adecuados para la defensa de sus intereses. 

Igualmente, incluye intermediación con las entidades financieras y protección en caso de que se produzca la pérdida del inmueble. El servicio que se le presta a las familias va desde el asesoramiento hasta la mediación directa con las entidades de crédito buscando soluciones a los problemas de los usuarios.  Cabe destacar que por la intermediación del equipo del servicio se han conseguido, entre otras actuaciones, más de 150 daciones en pago, más de 700 reestructuraciones de deuda y refinanciaciones del préstamo, y 118 suspensiones del lanzamiento de la vivienda.
En la fase de prevención, el personal adscrito al sistema informa a los usuarios sobre temáticas muy diversas relacionadas con la forma de acceso a viviendas protegidas y el funcionamiento de los registros municipales de demandantes de VPO, la existencia de ayudas públicas, sobre todo de alquiler, o sobre los pasos a seguir en caso de encontrarse en situación de impago de hipotecas. 

En el servicio de intermediación, los técnicos asesoran a familias con deudas con las entidades financieras y, por tanto, en riesgo de perder su vivienda. En este ámbito, se ofrece información sobre las posibles vías de actuación y se media, tanto con entidades financieras  para lograr una reestructuración de la deuda, una quita de las cuotas de la hipoteca o daciones en pago; como con juzgados, cuando ya existen demandas judiciales con el fin de alcanzar una solución a sus problemas hipotecarios.  En estos casos, como  parte del servicio integral, los técnicos acompañan a las notarias las familias a la firma de los acuerdos que se alcanzan.
Asimismo, en el ámbito de la protección, las familias se han dirigido a ese servicio con el desahucio ya ordenado y en estado avanzado del proceso. En estos casos, los técnicos han puesto en marcha varias líneas de actuación, informando a los afectados sobre la necesidad de inscribirse en los registros de demandantes para acceder a una vivienda social pública o brindando apoyo en la tramitación de las ayudas existentes en materia de alquiler para obtener una alternativa habitacional. 
Una batería de medidas 

Además de este servicio, el Gobierno andaluz ha impulsado otras medidas en la lucha contra los desahucios, como la elaboración de una nueva Ley de Tanteo y Retracto, que permitirá a la Junta el ejercicio del derecho de compra preferente de viviendas incursas al final del proceso de ejecución hipotecaria para permitir a las familias afectadas permanecer en sus hogares mediante un alquiler social. Esta norma ya cuenta con el informe del Consejo Económico y Social y próximamente será remitida al Consejo Consultivo para su dictamen, paso previo a su aprobación por parte del Consejo de Gobierno y su remisión al Parlamento para este periodo de sesiones.

A esta medida se suma el convenio suscrito por la Junta, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para abordar de manera coordinada el problema de los desahucios y anticipar la intervención social de apoyo a las familias en aquellos procedimientos que se encuentran en vía judicial.

Además, se añade el convenio firmado con la Sareb para la cesión temporal a la Administración autonómica de 400 viviendas en Andalucía para destinarlas a alquiler social y la concesión de ayudas económicas a las personas afectadas por estos desahucios para afrontar el sostenimiento de una vivienda, cuya cuantía inicial fue ampliada en 1,5 millones para poder atender todas las demandas en esta materia hasta llegar a los 3,8 millones. 



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