La Junta amplía a partir de los 16 años la atención a víctimas de violencia sexual

El programa triplica su financiación y tendrá mayor presencia en el medio rural a través de los centros municipales de Información a la Mujer.

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)ha reforzado la atención a las víctimas de violencia sexual en Andalucía con la ampliación de su cobertura a las mujeres a partir de 16 años y con una inversión que triplica a la de 2018: pasando de 575.600 euros a 1.790.681,58 euros para los próximos dos años. El servicio de asesoramiento jurídico, asistencia legal y atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia sexual en Andalucía ha dado apoyo durante los nueve primeros meses de este año a un total de 494 mujeres, de las cuales el 40% son nuevas usuarias.



La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha subrayado «la importancia de potenciar este servicio cuyo principal objetivo es procurar la recuperación emocional y la superación de las secuelas de las mujeres víctimas de violencia sexual». López ha resaltado que «estamos ante una de las manifestaciones de la violencia de género más graves y traumáticas que sufren las mujeres y, por tanto, es fundamental que la asistencia gratuita que se ofrece desde la administración pública sea lo más especializada, cercana y accesible posible para poder ayudar al mayor número de mujeres». En los últimos cinco años el número de usuarias nuevas atendidas en el IAM ha aumentado casi un 71%. Este servicio ha dado apoyo a más de 6.000 andaluzas desde su creación.

Asimismo, Loles López ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz «en la erradicación de la violencia de género y en la necesidad de abordar esta lacra social desde todos los ángulos y en sus diferentes manifestaciones». A este respecto, ha hecho hincapié en promover la prevención de la violencia sexual: «Nuestra máxima prioridad es atender a las mujeres, proporcionarles ayuda y apoyo en uno de sus momentos de mayor vulnerabilidad, pero nuestro gran reto es lograr que esta clase de agresiones dejen de producirse. Y, para ello, es clave avanzar en la prevención, trabajar con las chicas y los chicos en una educación afectivo-sexual sana y saludable, en el respeto y la no violencia».

Por todo ello, el Instituto Andaluz de la Mujer ha reforzado el servicio de asesoramiento jurídico, asistencia legal y atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia sexual en Andalucía que incluye, entre otras novedades, la ampliación de las atenciones a todas aquellas mujeres a partir de 16 años que hayan sido víctimas de violencia sexual y tengan su domicilio en la comunidad. Hasta ahora era a partir de los 18 años. Además, en el caso de las víctimas de 12 a 15 años, también serán atendidas de acuerdo con la valoración que haga el equipo técnico. Asimismo, las familias de las víctimas que lo soliciten recibirán asesoramiento.

Más accesibles para las mujeres del medio rural

Otra de las principales mejoras es el acercamiento del servicio a las mujeres del medio rural. De esta forma, las entrevistas con las usuarias también se realizarán en la red de centros municipales de Información a la Mujer (CMIM), que suman 180 en toda Andalucía; así como en cualquier otro lugar en los casos de víctimas de violencia sexual en el ámbito rural. Además, en la prestación del servicio se incluyen los desplazamientos que fueran necesarios para el acompañamiento a las víctimas a instancias judiciales para prestar declaración, personaciones en sede judicial, así como en aquellas circunstancias que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres que han sufrido esta agresión.

El servicio está conformado por más de una veintena de profesionales especializados. La estigmatización y el miedo a los efectos de la victimización secundaria en este tipo de delitos, lleva a muchas mujeres a no denunciar estas situaciones. Por esto, cuando se deciden a hacerlo, es imprescindible que los diversos ámbitos que pueden ser la entrada al circuito asistencial público, ya sea policial, sanitario, servicios sociales, judicial, residencial, cuente con profesionales que estén habilitados para realizar un análisis de sus necesidades y una intervención individualizada a fin de evitar que la mujer que solicita ayuda o en la que es detectada una situación de violencia, no vea agravada su situación personal como consecuencia de los efectos de la victimización secundaria.

En este sentido, la consejera ha subrayado que «el aumento de la financiación, que triplica a la del año 2018, supone atender a todas las mujeres víctimas de violencia sexual que requieran de este servicio en Andalucía, ya que se trata del único servicio público, gratuito y especializado en esta materia en toda la comunidad. Un servicio donde se ofrece una asistencia jurídica, psicológica y asistencia letrada a través tanto de terapias individuales como grupales, y, además, se ofrece asesoramiento también a las familias».

¿Qué incluye el servicio?

El propósito del programa es dar soporte emocional a la mujer víctima de violencia sexual en las distintas instancias, apoyarla y orientarla, así como valorar su situación e informarla sobre las actuaciones precisas dirigidas a cubrir sus necesidades para su recuperación de la violencia padecida, lograr que tenga la asistencia letrada necesaria para que pueda emprender acciones legales, ejercer la acusación particular y la representación procesal de las mujeres en los procedimientos penales y recursos, además de movilizar los recursos para instar la reparación del daño producido e impulsar todas aquellas medidas que implican mayor protección y prevención de la victimización previstas en la legislación actual.

La intervención jurídica comprende el asesoramiento legal a las mujeres víctimas de violencia sexual, y la asistencia jurídico-procesal, entre otras actuaciones, el servicio realiza el acompañamiento a la declaración de la víctima, al médico/a forense, comparecencias y atenciones en dependencias judiciales, preparación de escritos de alegaciones, escritos de acusación, recursos, oposición a la libertad del presunto agresor, alegaciones en ejecución de sentencia, representación en juicios, recursos, etc. Mientras tanto, la intervención psicológica incluye orientación, sesiones terapéuticas, intervención psicológica en crisis, terapia individual, de grupo, evaluaciones psicológicas e informes.




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