El alcalde torroxeño, Oscar Medina, asegura que ha actuado derribando esta vivienda ilegal tras apercibirle el juzgado «en varias ocasiones», al negarse los dueños, un matrimonio de jubilados británico.
El Ayuntamiento de Torrox ha procedido esta semana a demoler una vivienda construida ilegalmente en el pago rural de Santilla por un matrimonio de británicos que no se ajustaron a la licencia municipal concedida en 2002. La actuación se ha llevado a cabo después de que el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga declarase firme en 2011 la sentencia de demolición del inmueble por un delito contra la ordenación del territorio.
En el fallo, al que ha tenido acceso Diario Sur, se considera probado que los propietarios compraron en 2000 una parcela rural de 1.451 metros cuadrados, en la que había «una casa en ruinas» de 21 metros cuadrados, en un terreno calificado como suelo no urbanizable en el PGOU, por lo que la parcela mínima para poder construir era de 25.000 metros cuadrados. En 2002 los británicos obtuvieron una licencia municipal «para posibilitar la conservación del inmueble: refuerzo de muros y sustitución de cubiertas principalmente, no proyectándose aumento alguno de volumen», únicamente la construcción de una piscina.
Sin embargo, los condenados construyeron «una vivienda unifamiliar aislada de nueva planta, tipo chalet, con sótano, piscina y asfaltado del perímetro exterior de la vivienda, con una forma irregular y con una extensión de 240 metros cuadrados». El juzgado condenó a ambos a ocho meses de prisión, multa de 5.400 euros, con responsabilidad personal subsidiaria y a un año de inhabilitación especial para la realización de actividades de promoción y/o construcción de edificaciones, y al abono de las costas. Igualmente, se ordenó «la demolición de lo indebidamente construido a cargo de los condenados, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe».
El alcalde torroxeño, Óscar Medina (PP), explicó a Diario Sur que es «la primera» vivienda construida en el campo hace casi dos décadas que se han visto obligados a demoler por una sentencia firme, «al hacer caso omiso» los dueños desde 2011 y el Ayuntamiento también desde entonces. «Era una vivienda ilegal de la época del socialista Paco Muñoz en la Alcaldía, llevaba el juzgado varios años pidiéndomelo, me han dado un ultimátum, la hemos derribado y ahora la factura se la pasamos al juzgado para que se la reclame a los dueños», explicó el regidor.
Coste de 28.700 euros
En una diligencia remitida al Consistorio en septiembre de 2021, a la que ha tenido acceso Diario Sur, el juzgado requiere al alcalde «a fin de que en el plazo de un mes, sin más demoras, excusas o dilación, por los servicios municipales se lleve a cabo la demolición de la construcción ilegal, con apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia y denegación de auxilio a la autoridad, demolición cuyo coste será de cuenta del penado, quien deberá además no obstaculizar la labor municipal». Los trabajos de demolición han costado al Consistorio 28.700,56 euros. En la zona únicamente se va a mantener una edificación de 21 metros cuadrados, equivalente a la licencia otorgada inicialmente.
Por su parte, la hija de los dueños, que ha preferido mantenerse en el anonimato, ha manifestado a Diario Sur que lo ocurrido con la casa «es una injusticia, porque en los alrededores hay muchas otras viviendas construidas en la misma época y no se derriban». Asimismo, esta mujer ha denunciado que se trata de «un caso de corrupción», aunque no ha aportado pruebas. Esta británica ha explicado que en la última década el inmueble estuvo alquilado a un matrimonio alemán, del que llegaron a ser «amigos».
Robo de pertenencias
Según su testimonio, tras fallecer el inquilino, «la viuda dejó de pagar el alquiler» y acusó supuestamente al propietario de «cosas que no había hecho realmente», denunciándolo, por lo que fue detenido por la Guardia Civil por un supuesto allanamiento de la casa. Asimismo, según ella, esta mujer alemana se dedicó supuestamente a ir al Ayuntamiento y al juzgado «a presionar para que se llevara a cabo el derribo de la casa».
«Hemos pagado mucho dinero en abogados, mis padres han sido parte de esta comunidad durante 25 años, lo hicimos con buena fe, seguimos los consejos de la gente local, invertimos 500.000 euros en construir la casa, pagamos una multa de 70.000 al Ayuntamiento, es todo muy triste, descorazonador y muy injusto», apostilló la hija de los dueños, que siguen viviendo en Torrox-Costa, en un apartamento. «Lo peor ha sido ver que han ido ladrones a robar nuestras cosas mientras se demolía la casa», denunció.
