La asociación SOHA, que agrupa a propietarios de inmuebles irregulares en la Axarquía, lleva más de diez años luchando por la legalización de estas viviendas.
La nueva legislación urbanística que aprobó la pasada semana el Parlamento andaluz y que está llamada a servir para desbloquear la situación de este sector económico en la comunidad, no termina de convencer a todos los actores implicados. La asociación Save Our Homes Axarquía (SOHA, Salvemos Nuestras Casas), que desde hace más de una década lucha por su legalización, considera que el texto, al que aún le resta su desarrollo normativo con reglamentos, «no resuelve sus problemas».
Así, en un comunicado que recoge SUR, han considerado que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) «es un avance positivo, en el que se han conseguido resolver varias de las reivindicaciones del colectivo en favor de la despoblación, como es el caso de los hábitats rurales diseminados». Sin embargo, han lamentado que «no termine de resolver el problema de las viviendas unifamiliares aisladas de la comarca oriental malagueña, donde se estima que hay más de 20.000 de las alrededor de 50.000 que existen en la provincia. En la comunidad son alrededor de 300.000 inmuebles.
Su portavoz, Mario Blancke, ha recordado que, en comarca oriental malagueña, «la mayoría de las viviendas afectadas por el anterior marco jurídico, tienen sus licencias, pagadas y escrituradas, y ahora, con la nueva legislación, hay que solicitar un DAFO (Declaración de Asimilado Fuera de Ordenación) y declarar tu casa ilegal», ha apostillado.
Por eso, el portavoz de SOHA ha lamentado que «estén describiendo el AFO como una solución cuando realmente es un problema en la Axarquía, donde la gran mayoría de las viviendas aisladas se construyeron con licencia». Por eso, el que fuera alcalde del Alcaucín en la pasada legislatura ha insistido en que «si existe una licencia vigente que no ha sido declarada nula, no se puede declarar AFO«.
«Vivienda ilegal tolerada»
A su juicio, «esto va a provocar agravios comparativos con las nuevas casas unifamiliares aisladas que se construyan en el suelo rural». «AFO no es una legalización como quieren hacer creer, sino que significa vivienda ilegal tolerada», ha subrayado Blancke.
Por su parte, el presidente de la asociación, Phillip Smalley, ha indicado que esta «declaración» supone volver a pagar por algo que ya se ha pagado, es decir, «una doble imposición» y ha advertido del «desajuste existente en las cantidades que los ayuntamientos y gestores cobran por los procedimientos para tramitar la declaración de AFO, «que está causando crispación entre los actuales propietarios de viviendas aisladas y en el mercado inmobiliario de la Axarquía».
