Agentes de la Guardia Civil, mineros, técnicos e ingenieros son galardonados con medallas de plata, oro o blanca por su participación en un rescate sin precedentes.
El Boletín Oficial de la Guardia Civil publicó el pasado martes el listado de agentes, mineros, técnicos e ingenieros condecorados por su participación en el rescate del pequeño Julen tras precipitarse por un agosto pozo de más de 100 metros de profundidad. Un total de 38 distinciones que reconocen un operativo sin precedentes en el mundo, que durante dos semanas se desplegó en el municipio malagueño de Totalán y del que se van a cumplir dos años.
Este homenaje se produce «en atención a los méritos y circunstancias» y, «a propuesta de la directora general de la Guardia Civil», María Gámez, se ha premiado a 28 miembros del Instituto Armado, siete mineros de la Brigada de Salvamento de Hunosa que se desplazaron desde Asturias, dos ingenieros de la Junta de Andalucía y al exresponsable de Emergencias 112, que recibirán tres cruces de plata, cinco con distintivo rojo y 30 blancas.
Las primeras, según recoge el texto que regula la Orden al Mérito de la Guardia Civil, se conceden por «realizar hechos que, sin reunir la condición de riesgo personal exigida para la Cruz de Oro, […] revistan un mérito tan relevante que requieran un alto reconocimiento». El comandante Salvador Jiménez, capitán en el momento en el que se produjeron los hechos, y responsable de la Compañía de Vélez-Málaga, fue la persona encargada de coordinar el espectacular dispositivo que incluyó la perforación de un túnel paralelo vertical para llegar hasta Julen. Junto a Sergio Tuñón, responsable del grupo de mineros que lideró el rescate bajo tierra, y al teniente Francisco David Blázquez, recibirá una Cruz de Plata.
Las cinco rojas son para agentes del Equipo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (Ereim), entre ellos Nicolás Rando, el Guardia Civil que llegó hasta el niño y que actuó como policía judicial en tan delicado momento. «Papá, ¿hoy vas a rescatar ya a Julen?», confesó el agente que le preguntaba su hijo cada mañana de esos días, para relatar que «abajo no había turnos, allí se estaba hasta que ya no se podía más».
Este tipo de medallas se otorgan en aquellos casos en los que el agente «resulta muerto o con lesiones que provoquen la inutilidad permanente para el servicio» o por «ejecutar o dirigir de forma directa e inmediata con riesgo inminente de la propia vida un servicio o hecho de tan trascendental importancia».
«Me quedo con el compañerismo«
El grueso de las cruces blancas, concedidas por «un servicio en el que por su extraordinaria dificultad e importancia», son para miembros del Instituto Armado -brigadas, sargentos, cabos, guardias…- y mineros, aunque también se ha decidido condecorar a Ángel García, ingeniero jefe del rescate. Con un claro perfil técnico, el suyo fue uno de los rostros más mediáticos al explicar las soluciones que se adoptaban a los continuos problemas con los que se fue topando el operativo. También se reconoce a su compañero Antonio Jesús Nieto y al entonces responsable de Emergencias 112 en Málaga, Rafael Francisco Gálvez.
Este último explicó al Diario El Mundo que para él y el resto de los premiados es un «orgullo» recibir este reconocimiento a pesar del regusto amargo que dejó el desenlace del rescate. «Fueron unas circunstancias desgraciadas» y «no es el tipo de reconocimiento que uno desea cuando empieza su carrera», pero «la vida tiene estos momentos agridulces».
«Todo el mundo dio lo máximo, pero el resultado no fue el esperado», afirma Gálvez, que reconoce que estos momentos «rememoras» lo que ocurrió en esa montaña, «pero prefiero quedarme con todo lo que entregamos esos días».
El exresponsable de Emergencias 112 destaca que, «por encima de las numerosas horas de trabajo», se queda con el «compañerismo» que se respiró durante todo el operativo y recalca que es un «grandísimo honor» ser valorado por la Guardia Civil.
La citada orden, a la que ha tenido acceso este periódico, está firmada por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien aclara que ante su resolución cabe «recurso de reposición» o iniciar un contencioso administrativo en los tribunales»en el plazo de dos meses».
La dificultad del rescate de Julen ha recibido numerosos reconocimientos en estos casi dos años que se van a cumplir desde que se produjo el accidente. La Administración regional concedió la medalla de Andalucía al dispositivo formado por más de 300 personas y Protección Civil otorgó una decena de condecoraciones, entre ellas a Julián Moreno, jefe de bomberos autor del diseño de la cápsula de descenso al pozo vertical.
La Brigada de Salvamento de Hunosa, por su parte, recibió el Premio Extraordinario Defensa 2019 y la Medalla de Oro de Asturias.
Un caso extraordinario que aún colea
El trágico accidente sucedió el domingo 13 de enero de 2019, poco antes de la hora de comer, en una zona conocida como Dolmen Cerro de la Corona. José Roselló y Victoria García, junto a su hijo Julen, fueron a pasar el día en la parcela de David Serrano, pareja de la prima del padre del pequeño, ésta y su hija.
Los dos hombres comenzaron los preparativos para hacer un arroz, mientras que los menores estaban con sus madres. En un momento dado, la madre de Julen se sintió indispuesta y pidió al padre que se quedara al cuidado.
El niño se bajó de la silla y se metió en una zanja o canalización en forma de L de poca profundidad que había en la zona y comenzó a correr. José fue tras él para que no se hiciese daño, pero al llegar al extremo final, desapareció al caer por la boca del pozo.
El progenitor intentó sin éxito sacar a Julen del pozo «lesionándose los brazos en su intento de alcanzarlo, apartó los dos bloques de hormigón que rodeaban la boca y metió una goma de regar con el intento de que se agarrara» pero «era imposible» pues «desconocía» que el pozo tenía 110 metros de profundidad, según el relato de la Fiscalía.
Las tareas de rescate terminaron 13 días después, a las 1:25 del 26 de enero, cuando los equipos accedieron al punto del pozo donde se buscaba a Julen y localizaron el cuerpo sin vida del niño a unos 71 metros de profundidad, debajo de un tapón de tierra que arrastró en su caída.
Fue entonces cundo cobró protagonismo la instrucción judicial, marcada por las testificales. Los focos iniciales se centraron en el empresario que realizó el pozo, después de ser acusado por el dueño de la finca de no haberlo tapado correctamente. Pero rápidamente giraron hacia David cuando este hombre fue exonerado de cualquier responsabilidad.
Los abogados del propietario de la finca, entonces, presentaron un informe pericial en el que concluían que la muerte del pequeño pudo ser provocada por una piqueta que cayó y golpeó al pequeño durante las labores de auxilio. Pero los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga desbarataron esta estrategia de defensa y determinaron que la causa del óbito fue un traumatismo craneoencefálico y raquimedular derivado de la caída. Además, señalaron que Julen falleció «pocos minutos después de la precipitación».
Las versiones contradictorias provocaron un enfrentamiento entre los padres del niño y David, sobre todo después de que éste se sacudiese la responsabilidad de lo sucedido al asegurar que avisó a José y Victoria de la presencia del pozo.
Estas tensiones se mantuvieron tras la sentencia del caso, que condenó a David Serrano por homicidio imprudente a un año de cárcel y a indemnizar a cada uno de los padres con 89.500 euros. Estas cantidades se abonarían con una cuota mensual de 50 euros.
La pena de prisión fue suspendida, aunque estaba condicionada a cuestiones, como el pago de la responsabilidad civil pendiente, tras haber abonado 25.000 euros antes del fallo judicial. No obstante, en las últimas semanas ha trascendido que la Fiscalía y la familia de Julen han pedido el encarcelamiento «inmediato» del dueño de la parcela al no haber pagado más que dos mensualidades de la indemnización impuesta.
Hay que recordar que la sentencia también se condenó a David a pagar 663.982 euros a la Junta de Andalucía por los gastos en las tareas de rescate, a lo que hay que sumar la multa de 300.001 euros acordada por el Consejo de Gobierno de la Administración regional a instancias de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas.
