El grupo de trabajo nacional evalúa la situación de la sequía y las medidas adoptadas en marzo por el Gobierno

Por su parte, la consejera andaluza del ramo pide “compromiso” al Estado y urge a tomar “medidas contundentes” frente a la sequía

El grupo de trabajo para el seguimiento de la sequía, convocado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha analizado hoy las consecuencias de esta adversidad climática en el sector agrario y ha evaluado las medidas de apoyo puestas en marcha en marzo por el Gobierno para hacer frente a la situación y que están plenamente en vigor.



En la reunión, a través de la Comisión Permanente de Adversidades Climáticas y Medioambientales (COPAC), han participado representantes de los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como de las comunidades autónomas, de comunidades de regantes, de las organizaciones profesionales agrarias y de cooperativas agroalimentarias. Los participantes han valorado las medidas adoptadas por el Gobierno y han planteado su preocupación por la actual situación de sequía.

De los informes de seguimiento de la situación presentados por las distintas comunidades autónomas y organizaciones participantes se realizará una evaluación para estudiar las líneas a seguir.

Según fuentes del Ministerio de Agricultura, con el Real Decreto-Ley 4/2022, de 15 de marzo, el Gobierno se anticipó en la aprobación de medidas de apoyo para mitigar esta situación de escasez hidrológica y sus consecuencias en la actividad agraria, después de la reunión de la Mesa de la Sequía celebrada el 4 de marzo. Estas medidas de orden fiscal, laboral, social, financiero e hidráulico implican a seis ministerios y reflejan el compromiso del Gobierno con el sector agrario, que juega un papel fundamental en la economía nacional.

Rebaja fiscal

En el orden fiscal, los agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos -unos 800.000 en el conjunto de España- han podido beneficiarse de una reducción del 20 % en la estimación de los mismos para la declaración del IRPF de 2021.

Complementariamente, el Gobierno estableció reducciones a nivel nacional en la ganadería y el viñedo, y numerosas rebajas a nivel autonómico, provincial y municipal. Igualmente se redujeron los índices aplicables a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos para la alimentación adquiridos a terceros y el índice aplicable a los cultivos en tierras de regadío que utilicen electricidad. En total, la reducción de la base imponible se estima en 1.016 millones de euros. De cara al ejercicio fiscal del año 2022, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) recogerá en su informe para Hacienda los efectos de la sequía en este año.

Entre las medidas en vigor cabe destacar también la exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica para las explotaciones que cumplan determinados requisitos. El Gobierno compensa a los ayuntamientos que apliquen esta exención en el actual ejercicio presupuestario.

Seguros agrarios

Además, entre las medidas de prórroga del plan de ayudas por las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania está el incremento de la subvención al seguro agrario y que se ha traducido en un incremento de 60 millones de euros, lo que permite aumentar en 10 puntos la subvención base, es decir, la que reciben todos los asegurados, según la modalidad elegida en el momento de la contratación. Esta subvención se aplicará en aquellas líneas que inicien la contratación entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de agosto de 2023. Con esta subida, unida al aumento de determinadas ayudas adicionales y otras mejoras introducidas en 2021, algunos colectivos como el de los agricultores jóvenes tendrán una subvención próxima al 65 % sobre el coste de la prima, máximo permitido por la normativa comunitaria sobre ayudas estatales.

El seguro agrario, que incluye la cobertura de contingencias por efecto de la sequía, se constituye en una herramienta fundamental que tienen a su disposición los agricultores y ganaderos para hacer frente a situaciones de contingencia y dificultades sobrevenidas por adversidades climatológicas.

En materia laboral y social, el Gobierno ha concedido aplazamientos en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y de recaudación conjunta que han sido prorrogados sucesivamente, de forma que se puede solicitar para las cuotas devengadas hasta septiembre de 2022 para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, y hasta octubre de 2022 para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

También se ha reducido, de 35 a 20, el número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura.

Apoyo financiero

El Gobierno también ha establecido una línea, de 12 millones de euros, para apoyar la financiación de empresas del sector y que se ampliaron posteriormente hasta 24,7 millones de euros por acuerdo del Consejo de Ministros el 25 de junio. Igualmente se ha ampliado el plazo para la solicitud de estos créditos favorables hasta el 1 de mayo de 2023.

Esta ampliación responde a la fuerte demanda del sector a estas medidas de apoyo, fruto del convenio entre el MAPA, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) y que desde el 20 de mayo ya han vehiculado operaciones financieras por más de 100 millones de euros. El plazo aún está abierto. En la reunión se ha animado al sector a acogerse a la medida, para lo cual se ha facilitado en la web del MAPA el listado de entidades financieras por el que pueden solicitarla:

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/Medidas_financiacion.aspx

El presupuesto de la línea ICO-MAPA-SAECA se ha ampliado en 10 millones de euros, y se elevó a 20 millones de euros, con lo que aumenta el potencial de créditos subvencionados hasta 220 millones de euros aproximadamente. Esta ayuda consiste, para las explotaciones agrícolas, en la bonificación del 7 % del principal de los préstamos, con una cuantía máxima de 10.000 euros por beneficiario. En el caso de las explotaciones ganaderas, la bonificación asciende al 10 %. Se financian préstamos de hasta 100.000 euros, con un plazo de hasta 15 años, con periodos de carencia de hasta 3 años, según la duración del préstamo.

Igualmente se incrementó en 2 millones de euros el presupuesto de la línea de subvención de avales de SAECA, con lo que esta línea de apoyo alcanza un importe total de 4,7 millones de euros. El potencial de la línea aumenta así hasta 120 millones de euros de crédito subvencionado y 3.400 beneficiarios.

El Real Decreto-ley 4/2022 también prevé actuaciones sobre el coste del agua procedente de desaladoras de titularidad de la Administración General del Estado y medida urgentes para paliar los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, las que presentan un mayor déficit de reservas debido a la prolongada situación de sequía.

Junta de Andalucía

Por su parte, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha pedido “compromiso” al Estado ante la escasez de recursos hídricos que afecta a España y ha apuntado que, con una media de agua embalsada del 26%, Andalucía se encuentra en “una pertinaz sequía que requiere medidas más ágiles y contundentes”. Entre las reclamaciones de Andalucía, Crespo ha destacado la puesta en marcha de la doble tarifa eléctrica para los regantes, “que le permitiría reducir su factura”; la bajada del IVA de los insumos que afectan a la actividad agraria; la bonificación del agua desalada a 0,30 euros; y la utilización y reprogramación de los fondos Next Generation.

Al respecto de estos recursos económicos europeos, la consejera ha solicitado que se aumente la dotación destinada tanto a modernización del regadío como a obras hidráulicas para evitar que “territorios de España como Andalucía, que se encuentra al sur del sur, estén en desventaja”. “No vamos a tener un momento igual en el país”, ha subrayado Carmen Crespo en relación a la disposición de los Next Generation, que entiende que deban utilizarse en el ámbito de la energía pero sin dejar de lado las políticas hídricas.

La responsable de Agricultura y Agua se ha mostrado “defraudada” por la reunión organizada hoy por el Gobierno central, que se correspondía únicamente con un “seguimiento de las medidas adaptadas en marzo”. Por esta razón, ha reclamado la convocatoria de la Mesa Nacional de Sequía “al más alto nivel político” para impulsar nuevas medidas adicionales encaminadas a hacer frente a la situación actual.

Carmen Crespo ha subrayado la necesidad de poner en marcha las obras hidráulicas declaradas de interés general del Estado que aún están pendientes en Andalucía como, por ejemplo, las conducciones de Rules. Al respecto, la consejera ha solicitado “rapidez” en la ejecución de unas actuaciones de gran importancia para Andalucía, donde el sector agrario está sufriendo el impacto negativo de la sequía y de los altos costes de producción, “una situación que lastra la economía del mundo rural”.

Más medidas andaluzas y colaboración con Madrid

Respecto a la actuación del Gobierno andaluz, Crespo ha recalcado que “la Junta ha sido previsora y ha aprobado dos decretos de sequía que reúnen medidas por valor de 141 millones de euros para el 33% del territorio andaluz”, ya que estas planificaciones hacen referencia a las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias (Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras) cuya gestión le corresponde al Ejecutivo regional.

“La situación de sequía no espera más y en Andalucía vamos a seguir tomando medidas”, ha afirmado la consejera, que ha apuntado que próximamente se activará una línea de ayudas para respaldar la construcción de abrevaderos para el ganado y se resolverá la última convocatoria de subvenciones relativa a la conexión de las instalaciones de regadío con las depuradoras de las que es posible obtener aguas regeneradas. A esta última iniciativa se destinan 25 millones de euros.

“Pero necesitamos que el Gobierno de España ponga en marcha medidas complementarias para la zona de su competencia, que supone el 67% de la Comunidad Autónoma andaluza”, ha subrayado Carmen Crespo recordando que el Estado ha aprobado únicamente un decreto de sequía para la cuenca del Guadalquivir con actuaciones valoradas en 9,6 millones de euros.

La responsable del ramo en Andalucía se ha mostrado dispuesta a “trabajar hombro con hombro” para impulsar actuaciones “entre todas las administraciones” que mejoren la posición de España en general, y de Andalucía en particular, ante la sequía.




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