Unas 7.700 familias malagueñas podrán valerse de este nuevo derecho social impulsado por los socialistas andaluces y para los que se han destinado más de 198 millones de euros
La parlamentaria andaluza del PSOE, María de las Nieves Ramírez, y la concejala socialista en Frigiliana María del Carmen Cerezo, han informado en el día de ayer sobre la Renta Mínima de Inserción Social aprobada por el Gobierno andaluz de Susana Díaz y para la que se prevé una dotación económica de 819 millones hasta 2021.
Una medida de la que se podrán valer los vecinos y vecinas que más lo necesiten según ha apuntado Ramírez. “Una vez más el Gobierno andaluz pone en marcha políticas sociales de las que se podrán beneficiar directamente nuestros vecinos y que se suman a las que desde los gobiernos municipales del PSOE impulsamos”, ha dicho.
La parlamentaria andaluza ha destacado el carácter social de los presupuestos andaluces y la gran apuesta por los derechos de todos y cada uno de los andaluces “en una legislatura con marcada agenda social que sitúa a las personas en el centro de la acción política, muestra de un gobierno comprometido con aquellos que peor lo están pasando». «Hablamos de unos presupuestos que destinan 8 de cada 10 euros a políticas sociales y que incluyen la Renta Mínima de Inserción Social”, ha explicado Ramírez, señalando que sólo en 2018 la Junta destinará 198 millones de euros para atender a las personas que más lo necesiten a través de esta medida y que consistirá en “una aportación de entre 419 y 779 euros mensuales por 12 meses prorrogables por periodos de seis meses si persisten las circunstancias de su concesión».
Una iniciativa que ya se puede solicitar desde el 1 de enero y para la que se requiere estar empadronado en algún municipio Andaluz desde al menos un año antes a la fecha de la solicitud, que el solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 años y que esté inscrito como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo.
Finalmente, las socialistas han destacado cómo esta Renta Mínima se encuentra recogida en el Estatuto de Autonomía como derecho social y critican duramente la postura de Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida al “mirar hacia otro lado una vez más, al no comprometerse con quiénes más lo necesitan y no apoyar una medida pensada para dar respuesta a las personas con especiales dificultades, y entre los que se encuentran colectivos como familias con menores a cargo, familias monoparentales, mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad”.
