El Gobierno prorroga hasta primavera la rebaja fiscal al recibo de la luz ante los sucesivos récord de precios mayoristas

La luz pulveriza todos los récords y marca un nuevo máximo histórico: se dispara a 360 euros/MWh

El Consejo de Ministros aprobó este martes la prórroga de la rebaja fiscal a la factura de la luz, una medida que busca amortiguar el impacto que los sucesivos récord de precios en el mercado mayorista tienen sobre el recibo que pagan las familias. La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, admitió que «las perspectivas en el mercado mayorista no son halagüeñas» y, por tanto, confirmó que el IVA seguirá rebajado al 10% hasta el 30 de abril (antes era del 21%), que el impuesto de la electricidad seguirá en el 0,5% (inicialmente era del 5,1%) hasta esa misma fecha, y que el impuesto a la producción eléctrica, que era del 7%, seguirá suspendido hasta el 31 de marzo de 2022.



Estas medidas son las mismas que ya estaban en vigor desde otoño -no hay ninguna adicional- y el Ejecutivo ha decidido ampliar su plazo, con un coste para las arcas públicas de unos 2.000 millones de euros, según la portavoz, Isabel Rodríguez. En concreto, según datos de Hacienda, la rebaja del IVA tendrá un impacto de 459 millones, la del impuesto de la electricidad costará 467 millones y la del impuesto a la producción supondrá una aminoración de los ingresos del Estado de 1.050 millones, informa 20 Minutos.

El Gobierno, sin embargo, no prevé mantener con la misma intensidad que ahora la reducción de los cargos fijos de la factura. A preguntas de la prensa, Ribera admitió que la rebaja del 96% aplicada en el último trimestre de 2021 «se ponderará» para todo 2022 si sale adelante la propuesta del Ministerio, lo que implica que la reducción a partir del 1 de enero será de «aproximadamente un 30% a lo largo de todo el año«. En palabras de la ministra, este cambio supondrá un pago adicional de unos 7 euros por factura eléctrica con respecto a la situación que ahora mismo disfrutan los consumidores, aunque Ribera defendió que el efecto acumulado en 2022 sería el mismo que en 2021, puesto que este año la medida sólo se adoptó para el último trimestre.

Este mismo miércoles, el precio medio de la electricidad en el pool mayorista volverá a batir todos los registros, disparándose hasta los 360,02 euros el megavatio hora (MWh), frente a los 339,84 euros que marcó en su último récord histórico, este mismo lunes. Hace apenas una semana, la luz batió todos los registros hasta la fecha y, en solo siete días se han alcanzado todos los últimos récord históricos de forma consecutiva, lo que anticipa que diciembre será el mes más caro de la historia. Los precios del pool repercuten directamente en la tarifa regulada -tradicionalmente más económica- a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en el país, y sirve de referencia para los otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el mercado libre.

La vicepresidenta Ribera también anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los beneficiarios del bono social eléctrico mantendrán sus actuales descuentos sobre el consumo eléctrico hasta el 30 de abril, mientras que los consumidores de gas industrial -habitualmente, grandes empresas- podrán cambiar su tarifa a una más beneficiosa o suspender sus contratos de suministro hasta el 31 de marzo de 2022. En palabras de la portavoz, Isabel Rodríguez, se trata de un paquete de medidas que demuestra la «sensibilidad» de un Gobierno que «apoya a las familias» y que está dispuesto a adoptar medidas «con una implicación presupuestaria importante» para «amortiguar el golpe de los precios de la energía» en las familias y en los grandes consumidores.

Por lo demás, el Ejecutivo también dio luz verde a medidas para favorecer el despliegue de la red de puntos de recarga para vehículos eléctricos y el autoconsumo eléctrico. En el primero de los capítulos, Ribera destacó que el objetivo es alcanzar los 100.000 puntos de recarga antes de 2023, por lo que todos los centros comerciales, edificios públicos o aparcamientos de la administración deberán contar con un punto de recarga por cada 40 plazas de parking –en el caso de la Administración General del Estado, se rebaja a 20 el número de plazas de aparcamiento a partir de las cuales se tendrá que disponer de un punto de recarga–. Para facilitar el despliegue de esta red, el Ministerio también ha suprimido requisitos burocráticos y ha rebajado impuestos.

En cuanto al autoconsumo, se agilizan todos los trámites para que las comunidades de vecinos puedan instalar estas tecnologías y se rebajan las cargas fiscales para poder verter el excedente de energía –aquella producida por un consumidor en su domicilio, por ejemplo a través de placas solares, pero que no necesita utilizar– a la red eléctrica general. El Ministerio para la Transición Ecológica destaca que, desde 2018, cuando se derogó el llamado ‘impuesto al sol’, el autoconsumo se ha multiplicado por 2,5. A cierre de este año calcula que España podría contar con 2.500 MW instalados, que se esperan elevar a entre 9.000 y 14.000 MW para 2030.




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