«No es aceptable segregar o identificar a nadie por pertenecer a una etnia o a un colectivo o por tener unas características físicas determinadas».
Una pizzería de Huesca ha rescindido el contrato a un trabajador que identificó el ticket de un pedido como «mesa pareja de chicas gitanas» y que fue denunciado como trata racista.
El empleado llevaba una semana en el establecimiento y se ha considerado que no ha superado el periodo de prueba, según fuentes del grupo Alsea Europa, al que pertenece la compañía Domino’s Pizza.
Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo sobre las 21.39 horas en una pizzería situada en de la capital oscense.
Las dos jóvenes, de 25 y 26 años, vecinas de Huesca y primas entre sí, clientas habituales del establecimiento y que no habían tenido ningún problema con anterioridad, pidieron la consumición y después la abonaron.
Cuando se iban a casa una de ellas comprobó que en la factura el joven que les había tomado el pedido les había identificado como «mesa pareja de chicas gitanas«.
Entonces regresaron al establecimiento y pidieron hablar con la encargada, que les pidió disculpas. Aun así, las chicas solicitaron el libro de reclamaciones y presentaron una queja formalmente.
El hecho fue denunciado por Manuel Giménez, el padre de una de ellas y prior de la Cofradía de los Gitanos de Huesca.
Compartió lo sucedido en las redes sociales, donde colgó el ticket con el texto: «Impresionante, no tienen educación, esto pasó ayer en Huesca. Denunciemos estos actos y que no se vuelvan a repetir».
La central de la compañía Domino’s aseguró que fue «un hecho puntual que no refleja para nada ni los valores de la empresa ni la dinámica de trabajo de los restaurantes».
Asimismo, anunció una investigación sobre lo ocurrido con el objetivo de «hacer todo lo posible para que no se produzca nunca más una situación de discriminación hacia los clientes».
Por su parte, la Fundación Secretariado Gitano, a través de su coordinador provincial, Eduardo Julián Pascual, mostró su apoyo a las familias de las dos chicas con la esperanza de que «este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir».
En su opinión, «no es aceptable segregar o identificar a nadie por pertenecer a una etnia o a un colectivo o por tener unas características físicas determinadas».
La Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, conocida como ley Zerolo, que entró en vigor el 14 de julio, incluye la aporofobia (el odio contra el pobre) y el antigitanismo como delitos de odio.
Contempla multas de entre 300 y 10.000 euros para las infracciones leves, de 10.001 a 40.000 para las graves y para las muy graves entre 40.001 y 500.000 euros y puedan conllevar una pena de uno a cuatro años de prisión.
La recaudación obtenida del cobro de las multas será invertida en la promoción de sensibilización para la igualdad de trato y no discriminación y lucha contra la intolerancia.
