Andalucía aprueba el proyecto de Ley de Sostenibilidad del Territorio, que será remitido al Parlamento

La norma aspira a clarificar el urbanismo andaluz, con reglas sencillas que sirvan para agilizar trámites y reactivar la economía.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista) y ha acordado su remisión al Parlamento de Andalucía para iniciar su tramitación. Esta normativa, en la que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio lleva más de un año de trabajo, aspira a clarificar el urbanismo andaluz mediante reglas claras y sencillas que contribuyan a agilizar y simplificar los trámites urbanísticos y a reactivar la economía, a la par que se protege el medio ambiente y el entorno.



La Lista vuelve, por tanto, a la Cámara autonómica después de que no prosperara hace un mes en su primera tentativa por los votos contrarios de los grupos parlamentarios de Adelante Andalucía y PSOE y la abstención de VOX. Pese a ello, existía el compromiso de volver a presentar un proyecto de ley que goza de un amplio consenso social. Tras su paso por el Consejo de Gobierno, se prevé que la Lista inicie el debate parlamentario a lo largo del próximo mes de julio.

Esta normativa nace de un año de trabajo y de numerosas reuniones en las que se ha ido recabando el apoyo y las aportaciones de agentes sociales y económicos. El Consejo de Gobierno tomó conocimiento el 18 de mayo de 2020 del borrador del anteproyecto de Ley y declaró de urgencia la tramitación porque, en plena crisis sanitaria por el Covid-19, su aprobación supondría un revulsivo para la recuperación económica, puesto que creará empleo gracias a la agilización de trámites y el alivio de cargas innecesarias a particulares y empresas.

Esa declaración supuso recortar los plazos de la Lista a la mitad sin menoscabar la participación ciudadana ni la intervención de los distintos órganos y administraciones implicados. De hecho, el texto cuenta con el aval del Consejo Consultivo de Andalucía, que emitió un dictamen favorable que refuerza las ideas estructurales de la ley y que propone mejoras técnicas que fueron incorporadas al texto.

Esta ley pone fin a lustros de aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA, 2002) y de la Ley de Ordenación del Territorio (LOTA de 1994), años en los que se ha hecho evidente que se necesitaba una revisión integral del urbanismo andaluz, sinónimo de laberinto legislativo, de ahí la situación de bloqueo que sufren muchos municipios andaluces. La nueva ley facilitará que haya menos conflictividad judicial, relejada en la cascada de planes generales anulados por motivos formales o de fondo en Andalucía. En concreto, casi 500 PGOU han sido anulados por los tribunales o se han visto afectados por los errores legislativos que, en materia de medio ambiente, se cometieron en la pasada legislatura, de tal forma que deben volver a iniciar su tramitación.

El escenario legislativo, caracterizado por su dispersión, ha perdido coherencia y genera inseguridad jurídica a ayuntamientos y particulares. Por ello, se hace necesario dotar a Andalucía de una legislación sistemática, coherente y ordenada, no sólo por política legislativa, sino para facilitar el conocimiento de la propia norma a sus destinatarios. En ese contexto, la nueva ley no desregulariza el sector, sino que establece reglas claras y sencillas, adaptadas a la realidad actual y fáciles de entender y aplicar.

Simplificar la regulación

Algunos de los objetivos de la Lista son simplificar e integrar en un único texto legal la regulación en materia de ordenación del territorio y urbanismo, así como agilizar los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y su proceso de tramitación y aprobación, reduciendo plazos y trámites. Se pasará de los entre ocho y diez años de media para aprobar un plan general a una media de dos años. De igual manera, se marca como objetivo que todas las actuaciones urbanísticas sean, por este orden, viables social, ambiental y económicamente.

Además, incorpora directrices territoriales para proteger el litoral y el paisaje, así como clarifica las competencias entre comunidad autónoma y ayuntamientos, consensuado con FAMP y el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales. Con esta ley, Andalucía se convierte en la primera comunidad autónoma que elimina las clasificaciones de suelo anteriores para adaptarse a la ley estatal. La Lista también refuerza la disciplina urbanística e incluye en su contenido el decreto ley de viviendas irregulares ratificado en el Parlamento con los votos a favor de los grupos parlamentarios de PP, PSOE, Ciudadanos y VOX.

En el proyecto de Ley destaca que se establecen dos clases de suelo (urbano y rústico), frente al modelo anterior de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, al tiempo que se fija un sistema dual de planeamiento que comprende: el Plan General de Ordenación Municipal (lo que antes era el PGOU) para el diseño del modelo de ciudad pero sin descender a cuestiones concretas y de detalle, lo que hace más ágil y flexible el planeamiento, y el Plan de Ordenación Urbana, de ordenación de la ciudad existente, para dar respuesta a sus necesidades de regeneración y rehabilitación. Su objeto es la ordenación detallada de todo o parte del suelo urbano.

También se crea la figura del Plan Básico de Ordenación Municipal, más simple y con menor contenido para los municipios con menos de 10.000 habitantes que no sean litorales y no formen parte de aglomeraciones urbanas, salvo que la planificación territorial considere la conveniencia de su aplicación.

Además, la consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha explicado que la Dirección General de Urbanismo trabaja ya en los reglamentos de la Lista y en la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), cuya tramitación deberá empezar en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Lista. Para la consejera, esta ley «es la que Andalucía necesita porque no pone trabas al desarrollo, destierra las prácticas irregulares y va de la mano de la protección del medio ambiente».

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