El Juzgado anula la subida de 23.000 € al secretario y al interventor municipal de Vélez-Málaga

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga ha anulado el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Vélez-Málaga por el que se acordó incrementar en 23.000 euros las retribuciones del secretario y el interventor municipal.

La sentencia, dada a conocer por el portavoz del PP, Francisco Delgado Bonilla, estima el recurso interpuesto por los concejales populares por vulneración del derecho de participación en asuntos públicos del artículo 23 de la Constitución, en la sesión extraordinaria del 1 de junio de 2018 en la que se aprobó el presupuesto general del Ayuntamiento.



En concreto, en ese pleno se planteó una modificación de las retribuciones del personal de alta dirección de funcionarios con habilitación nacional que ocupa los puestos de secretario e interventor, fijándose un complemento específico de 60.217,80 euros.

En los fundamentos de derecho de la sentencia, se establece que los expedientes de la convocatoria no contenían parte de los documentos demandados por los ediles del PP para abordar esta cuestión, «ni se habían emitido por parte de la Secretaría ni la Intervención los informes expresamente solicitados por aquellos».

El fallo, contra el que cabe recurso de apelación, condena al ayuntamiento de Vélez-Málaga al abono de las costas procesales del procedimiento.

Delgado Bonilla ha calificado de «absolutamente indecentes y escandalosos» los complementos específicos que se propusieron para estos habilitados nacionales, con una subida de 37.000 a 60.000 euros, «sin ningún motivo legal, simplemente por comparación con otros ayuntamientos».

«Al ver esa propuesta solicitamos informes que, evidentemente, no se emitieron porque la respuesta tenía que haber sido afirmativa con respecto a su ilegalidad, y por ello presentamos nuestra demanda por vulneración de derechos fundamentales», ha indicado.

Bonilla ha recordado que es «la quinta vez» en el presente mandato que el ayuntamiento es condenado por vulnerar los derechos de participación política de la oposición, y ha criticado el «déficit democrático» del alcalde, Antonio Moreno Ferrer, «que de nuevo tienen que pagar todos los vecinos».

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