El Pleno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga aprobó este pasado martes por unanimidad la moción urgente presentada por el Grupo Municipal Popular para defender a los establecimientos y empresarios de playa, garantizar la seguridad jurídica del litoral y reclamar al Gobierno de España una gestión consensuada de cualquier modificación de la normativa estatal de Costas.
La propuesta, respaldada por todos los grupos políticos de la Corporación, pone de manifiesto la preocupación existente entre administraciones, empresarios y trabajadores del litoral ante la reforma del Reglamento General de Costas que impulsa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al considerar que puede generar una importante inseguridad jurídica para concesiones vigentes, inversiones ya realizadas y actividades económicas consolidadas.
La portavoz del Grupo Municipal Popular, Lourdes Piña, defendió una iniciativa que sitúa en el centro la protección de un sector estratégico para la economía local y provincial. «Los chiringuitos y el conjunto de establecimientos y servicios de playa forman parte de nuestra identidad, de nuestra cultura mediterránea y de uno de los principales motores económicos de Vélez-Málaga. Hablar de ellos es hablar de empleo, de turismo, de familias y de cientos de pequeñas empresas que viven directa o indirectamente de la actividad del litoral», subrayó.
La moción rechaza que una reforma de esta trascendencia pueda tramitarse sin el consenso de las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los sectores afectados, reclamando al Ejecutivo central que paralice el actual proyecto de Real Decreto hasta abrir un proceso real de diálogo y cooperación institucional.
Una reforma que genera incertidumbre
El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, advirtió de que el Gobierno pretende modificar por vía reglamentaria aspectos que afectan de forma directa a la actividad económica del litoral, endureciendo las condiciones para muchas concesiones sin el necesario consenso político ni territorial. «Entendemos que se está produciendo una modificación encubierta de la Ley de Costas a través de su reglamento, sin el debate parlamentario que una reforma de este calado merece. No se puede cambiar el futuro de un sector tan importante para Andalucía por la puerta de atrás y sin escuchar a quienes viven y trabajan cada día en nuestras playas», afirmó.
El regidor recordó que los chiringuitos y el resto de negocios vinculados al litoral constituyen una de las principales señas de identidad de la Costa del Sol y generan miles de puestos de trabajo, además de ser un elemento diferenciador del destino turístico. «Los empresarios de playa no piden privilegios; piden reglas claras, estabilidad y seguridad jurídica para seguir invirtiendo y creando empleo. La protección del litoral es perfectamente compatible con el mantenimiento de una actividad económica ordenada y sostenible», añadió.
Apoyo a la postura de la Junta de Andalucía
La iniciativa aprobada respalda expresamente la posición de la Junta de Andalucía, que ha solicitado la paralización inmediata de la reforma al entender que una modificación de esta magnitud requiere consenso institucional, respeto a las competencias autonómicas y seguridad jurídica para todos los afectados.
Asimismo, el Ayuntamiento insta al Gobierno de España a defender ante la Comisión Europea la singularidad del litoral mediterráneo y andaluz, garantizando que la adaptación de la normativa española a las exigencias comunitarias no suponga un perjuicio para los municipios costeros ni para el tejido empresarial que desarrolla su actividad en las playas.
Más apoyo económico para los municipios costeros
La moción también pone el foco en uno de los problemas que afrontan cada verano los ayuntamientos costeros: el incremento de los costes derivados de la retirada de algas y arribazones.
En este sentido, el Partido Popular reclama la creación de una línea específica de ayudas estatales que permita financiar la retirada, transporte, tratamiento y valorización de estas acumulaciones, así como la contratación de medios humanos y materiales suficientes para mantener las playas en condiciones óptimas.
El alcalde recordó que este problema supone una carga económica creciente para los municipios y afecta tanto a la imagen turística como al funcionamiento normal de las playas. «Estamos pidiendo al Gobierno de España que deje de mirar hacia otro lado y apoye económicamente a los municipios costeros. Las algas generan un importante sobrecoste para los ayuntamientos y afectan directamente al turismo y a la actividad económica del litoral», señaló.
