El Ayuntamiento de la localidad quiere implantarla cuando se agote el plazo máximo marcado por el Gobierno de España.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga formado por PP y GIPMTM descarta implantar en 2024 la tasa municipal de basuras a la que obliga la ley de residuos aprobada en 2022 en función de una directiva europea de obligado cumplimiento. De esta forma, el Consistorio veleño quiere agotar el plazo máximo permitido, fijado en abril de 2025.
En la capital de la Axarquía no se paga una tasa específica de basura, ya que ésta se considera incorporada en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Una circunstancia que, no obstante, cambiará, puesto que los ayuntamientos están obligados a implantar la tasa para repercutir el coste real de la gestión de los distintos residuos de competencia municipal a los ciudadanos, caso de la recogida, el transporte y el tratamiento.
Al margen, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga trabaja en el nuevo pliego del servicio, que subirá los costes en al menos un 25%, hasta rebasar los diez millones anuales, informa Diario Sur. El contrato de limpieza con la firma Althenia S. L., filial del grupo malagueño Sando, está caducado desde hace ya más de un año.
El concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez (PP), ha explicado a Cadena SER Axarquía que los técnicos municipales están trabajando en el nuevo pliego, con el que se podrá calcular el coste real del servicio y que se pretende ampliar a más zonas y urbanizaciones. A partir de estos estudios, se podrá también conocer la cuantía de la tasa de basuras que tendrá que implantarse a partir de 2025.
A la espera de que se concrete esta nueva carga impositiva para el bolsillo de los más de 84.000 veleños empadronados, lo que sí notaran para el próximo ejercicio es una ligera rebaja en el tipo impositivo del IBI, que pasará de 0,66 al 0,64, tal y como se aprobó el pasado mes de enero por el pleno, para compensar la subida de los valores catastrales aprobada en la última reforma legal de 2012, durante el primer gobierno de Mariano Rajoy. SUR recuerda que este hecho supuso subidas de la contribución en la inmensa mayoría de los municipios españoles. El objetivo era aumentar la recaudación en unos años de crisis y dificultades financieras para las arcas locales.
