La UTE Almedina cierra la puerta de acceso principal y pone las llaves a disposición del Ayuntamiento en su sede social
A pesar del requerimiento del pleno municipal de Torrox a buscar una salida negociada en lugar de rescindir el contrato de forma unilateral, la empresa concesionaria del aparcamiento público La Almedina cumplió su anuncio del pasado 10 de octubre y abandonó el pasado 31 de diciembre la gestión del recinto tras una década.
De esta forma, según informa Diario Sur, desde el 1 de Enero, el ‘parking’ no cuenta con los dos trabajadores que lo vigilaban y aunque el portón de entrada no ha sido cerrado por el momento, en el carril de acceso se ha colocado una valla de hierro, y se ha dejado únicamente abierto el de salida, para permitir que los abonados que aún tenían sus coches dentro del recinto pudieran sacarlos.
Del mismo modo, la Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Edificaciones Castelló S. A. y Fomento y Desarrollo de Concesiones y Servicios S. L, registró ayer en el Consistorio un escrito, al que ha tenido acceso SUR, en el que comunica que con fecha de 31 de diciembre de 2019 «queda resuelto el contrato de concesión de obra pública del parking La Almedina». El Ayuntamiento se ha negado a la recepción y las llaves han quedado a disposición en el domicilio social de la entidad, según recoge el escrito.
El alcalde, Óscar Medina, lamentó la situación generada por la empresa y recordó que los servicios jurídicos del Consistorio ya argumentaron que no se podía producir un abandono unilateral de la concesión. «Estamos estudiando la situación para determinar qué pasos vamos a dar», dijo, al mismo tiempo que fuentes municipales mostraron su preocupación por la posibilidad de una ocupación ilegal del aparcamiento.
La empresa concesionaria, tras denunciar unas pérdidas de más de 33 millones de euros, pretendió en los últimos años vender el aparcamiento al Ayuntamiento por cinco millones, una cantidad que el gobierno del PP, con mayoría absoluta, considera, por ahora, excesiva. El Consistorio abona desde 2009 un alquiler de unos 100.000 euros anuales por el uso de parte de los locales situados en el interior del ‘parking’.
El aparcamiento cuenta con 385 plazas. En su ejecución la UTE invirtió cerca de ocho millones de euros, en una concesión que se firmó en 2006, por un periodo inicial de 20 años, aunque se prorrogó en 2014 hasta los 40 años, para compensar precisamente las pérdidas acumuladas.
Sin embargo, la firma ha decidido arrojar la toalla, después de que, hasta el momento, no haya conseguido que los tribunales le dieran la razón en su cruzada contra el Ayuntamiento, al que reclamaba una indemnización millonaria. Sin embargo, tanto el Contencioso-Administrativo como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), desestimaron en sendas sentencias sus pretensiones económicas. La firma se querelló además contra el alcalde, Óscar Medina (PP), por un presunto delito de prevaricación, al entender que el Consistorio no controla lo suficiente los aparcamientos exteriores,calificando la situación de «competencia desleal».
