El portavoz de SOHA, Mario Blancke, explica que en la Axarquía se ha producido una situación de indefensión ante la Administración, cuando los propietarios cumplieron con todo lo que los Organismos Públicos y Privados les demandaron.
La Asociación Salvemos Nuestras Casas Axarquía (SOHA) ha valorado muy positivamente la iniciativa del gobierno andaluz de aumentar el número de viviendas de Andalucía en situación irregular que pueden acceder servicios básicos aunque recuerda que es una vieja reivindicación de la Asociación sobre la posibilidad de acceso a la figura del DAFO (Declaración Asimilado a Fuera de Ordenación) para las viviendas en asentamientos (urbanizaciones irregulares).
Sin embargo, el portavoz de SOHA, Mario Blancke, ha indicado que «el comunicado genera una confusión innecesaria» al utilizar indiscriminadamente el término “urbanización” para referirse también a los asentamiento, mientras que existen muchas urbanizaciones que no han llegado al reconocimiento de asentamiento por falta de identidad.
El Decreto 2/2012 ya otorgaba esta figura a las viviendas aisladas, excluyendo categóricamente las viviendas situadas en asentamientos. “Por lo tanto, el reconocimiento de un asentamiento a través del documento ‘Avance del Decreto 2/2012’ era un regalo envenenado”, ha comentado el portavoz de SOHA. “Conviene recordar que el Decreto 2/2012 daba un plazo de dos años para que los ayuntamientos redactasen un documento señalando los asentamientos y hábitat rural. Las demás viviendas en el Suelo No Urbanizable recibían la calificación de ‘Vivienda Aislada’”.
Blancke ha indicado que «la gran mayoría de los municipios siguen sin haber redactado este documento y por lo tanto no existe la posibilidad del reconocimiento de asentamiento ni del reconocimiento de vivienda aislada. Todo esto agrava la situación tanto jurídico, económico como social de sus propietarios”.
La vivienda que obtenía la calificación de DAFO tenía derecho al acceso a los servicios básicos, registro, etc, no así las viviendas recogidas en asentamientos que para su legalización (no regularización) que tenían que esperar su inclusión en el PGOU. “Visto los plazos interminables (décadas), estas viviendas se quedaban sin suministros básicos”, ha insistido el portavoz.
Esta situación se repite sobre todo en la zona de Almería, Chiclana, Córdoba y Jaén. La Axarquía no tiene este problema porque la casi totalidad de las viviendas construidas en SNU (Suelo No Urbanizable) cuentan con todos los permisos municipales y por lo tanto, al finalizar la construcción, han podido acceder a todos estos servicios básicos.
Mario Blancke ha matizado que «el comunicado se queda corto o incluso desfasado en tanto en cuanto sólo habla de reconocimiento de estas viviendas como DAFO, al menos en lo que se refiere a la situación en la Axarquía». Los afectados siguen aspirando al reconocimiento de Legal Fuera de Ordenación. “Todos esperamos que este nuevo gobierno sea más valiente que el anterior y que cumpla con las expectativas que ellos mismos han generado”.
Una situación de indefensión ante la administración
«Lo cierto es que nos encontramos ante una situación muy peculiar. Son viviendas amparadas por un acto administrativo, es decir, la licencia de obras y licencia de primera ocupación. Los propietarios de estas viviendas, en su gran mayoría compradores de buena fe, al adquirir las mismas dejaron satisfechos los importes de tasas e impuestos municipales que el Ayuntamiento demandó. El Consistorio les otorgó la licencia de obras tras satisfacer dichas tasas creando una apariencia de legalidad. Pagaron a los arquitectos para la redacción de los proyectos, a los abogados que les asesoraron en los trámites, a los Notarios por las Escrituras Públicas, las tasas por su inscripción en el Registro de la Propiedad, en la oficina liquidadora, los impuestos de la Junta de Andalucía, el enganche del suministro eléctrico y las tasas por el enganche del agua de la red municipal de agua potable. En definitiva, cumplieron con todo lo que los Organismos Públicos y Privados les demandaron. Todos estos Organismos dieron por válido el acto primero de otorgamiento de la Licencia por parte de los Ayuntamientos y lo validaron aceptando el trámite y cobrando sus correspondientes tasas. Los propietarios de estas viviendas, viendo todo lo anterior, estuvieron convencidos de que estaban dentro de la más estricta legalidad».
Desde nuestro punto de vista, ha explicado el portavoz de SOHA, «el legislador no puede dar la espalda a la realidad de dichas viviendas, la gran mayoría construidas hace ya un número considerable de años. Se debe regular y dar claridad a las mismas, en aras del principio de la seguridad jurídica regulada en la Constitución Española, así como en aras a la eficacia de la Administración. No debemos ni podemos conformarnos con una regularización que no es otra que una vivienda ilegal de la cual ha transcurrido el plazo de prescripción. SOHA sigue aspirando al reconocimiento Legal Fuera de Ordenación».
“En Alcaucín hemos sido pioneros en este sentido con entre 10 y 20 viviendas que ya han recibido este reconocimiento tras informe motivado que se mandó al Consejo Consultivo, recibiendo su visto bueno”, ha indicado Mario Blancke.
“Queda también buscar una solución para las viviendas construidas en las mismas condiciones pero que han visto anuladas sus licencias a través de acciones judiciales de la misma Junta de Andalucía, después de haber mirado durante una década por otro lado. El administrado tiene el legítimo derecho a confiar en su administración y no puede ser víctima de su mal funcionamiento”, ha instado el portavoz.
SOHA tiene previsto reunirse el próximo jueves 30 de mayo con el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Ordenación del Territorio, Juan de Dios Sánchez. “Los numerosos éxitos en defensa de los derechos de los propietarios de viviendas en Suelo No Urbanizable nos avalan como interlocutor válido entre los afectados y la Administración Regional”. Después de casi dos décadas de sufrimiento, toca llegar a una solución integral. “La rapidez de la solución dependerá de la agilidad del nuevo gobierno autonómico, heredero del caos urbanístico que nos ha dejado el anterior gobierno socialista”.
