El estado de alarma, el más leve de los tres estados excepcionales, está previsto para grandes catástrofes, crisis sanitarias o paralizaciones graves de los servicios públicos como consecuencia de huelgas o conflictos laborales. Se utilizó por primera vez en diciembre de 2010 cuando un paro salvaje de controladores obligó a cerrar el tráfico aéreo en España. En aquella ocasión, el Gobierno socialista de José Luis Rodriguez Zapatero militarizó las torres de control. El estado de alarma permite, sobre el papel, poner a los cuerpos policiales, Mossos d’Esquadra incluidos, bajo las órdenes directas del Gobierno.
El estado de alarma se puede aplicar directamente por el Gobierno por un plazo de 15 días, aunque sus prórrogas deberán ser aprobadas por el Congreso de los Diputados. Aunque, en principio, esta situación no afecta a la vigencia de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, algunas libertades sí se pueden ver afectadas. La ley orgánica 4/81 faculta al Gobierno a limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, requisar bienes temporalmente, imponer prestaciones personales obligatorias, ocupar industrias y explotaciones, racionar el consumo de artículos de primera necesidad e imponer que se cumplan los servicios mínimos de una huelga.
