El Gobierno aprobará este martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo, un anteproyecto de ley pionero en España para proteger a las personas que denuncien casos de corrupción en sus empresas o instituciones, según ha informado RTVE.
La futura norma considerará un derecho de los trabajadores denunciar prácticas ilegales y declarará nulo cualquier despido o represalia —como cambios injustificados de puesto— que sufran los denunciantes o sus familiares más allegados. La protección se aplicará a todos los empleados, incluso durante el periodo de prueba, y cubrirá las denuncias tramitadas por vía judicial o difundidas a través de medios de comunicación.
Desde la cartera que dirige Yolanda Díaz afirman que el objetivo es evitar situaciones de acoso laboral como la sufrida por la concejal que destapó el caso Gürtel, y confían en que la ley cuente con el respaldo de la patronal y los grupos parlamentarios en el Congreso.
