Italia ha dado un paso que puede marcar un antes y un después en su sistema de justicia juvenil. El Consejo de Ministros, presidido por la primera ministra Giorgia Meloni, ha aprobado un proyecto de ley que modifica uno de los pilares del derecho penal de menores al establecer que los adolescentes de entre 14 y 18 años serán presumidos imputables, salvo que se demuestre lo contrario durante el procedimiento judicial.
La reforma supone un cambio de gran calado respecto al modelo vigente desde hace décadas. Hasta ahora, cuando un menor de entre 14 y 18 años era acusado de un delito, correspondía al juez determinar previamente si poseía la madurez suficiente para comprender el alcance de sus actos y actuar en consecuencia. Solo tras esa valoración podía ser declarado penalmente responsable.
Con el nuevo texto, esa presunción se invierte. Los menores comprendidos en esa franja de edad serán considerados, con carácter general, capaces de responder penalmente por sus acciones. No obstante, esa presunción podrá desvirtuarse si durante el proceso se acredita, mediante informes periciales u otras pruebas, que el adolescente carecía de la capacidad de entender la ilicitud de su conducta o de actuar conforme a esa comprensión.
El Ejecutivo italiano defiende que la modificación responde al incremento de determinados delitos cometidos por menores, especialmente robos con violencia, agresiones, reyertas entre bandas juveniles y otros episodios de creciente alarma social registrados en distintas ciudades del país. Según el Gobierno, la reforma permitirá agilizar la actuación de jueces y fiscales y ofrecer una respuesta más eficaz frente a la delincuencia juvenil.
El proyecto modifica el histórico artículo 98 del Código Penal italiano, pero mantiene intacta la edad mínima de responsabilidad penal, fijada en los 14 años. Lo que cambia es el criterio jurídico aplicado a partir de esa edad, al dejar de ser necesario acreditar previamente la madurez del menor para iniciar un procedimiento penal.
La iniciativa ha abierto un intenso debate político y jurídico en Italia. Diversas asociaciones de magistrados, juristas y organizaciones dedicadas a la protección de la infancia consideran que el nuevo sistema rompe con la filosofía tradicional de la justicia juvenil italiana, basada en la evaluación individual de cada caso y en el principio de que la respuesta penal a los menores debe tener un marcado carácter educativo y de reinserción.
Por el contrario, el Gobierno sostiene que la reforma no elimina las garantías judiciales ni convierte automáticamente en culpables a los adolescentes. Recuerda que la presunción de imputabilidad admite prueba en contrario y que continuará siendo el juez quien decida finalmente sobre la responsabilidad penal de cada menor tras analizar las circunstancias concretas del caso.
El proyecto de ley todavía no ha entrado en vigor. Tras recibir el visto bueno del Consejo de Ministros, deberá ser debatido y aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado italianos antes de su publicación definitiva y entrada en vigor.
Si supera la tramitación parlamentaria sin cambios sustanciales, Italia pasará a contar con uno de los sistemas de responsabilidad penal juvenil más estrictos de Europa, un giro legislativo que previsiblemente seguirá alimentando el debate entre quienes reclaman mayor firmeza frente a la delincuencia juvenil y quienes consideran prioritario preservar el carácter educativo de la justicia de menores.
