El presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga, Manuel Villafaina, ha afirmado que alegarán para reclamar al Gobierno central la exención total del canon de ocupación y aprovechamiento del Dominio Público Marítimo Terrestre para la temporada de 2020 dadas las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID-19.
Así, ha indicado que están dispuestos a pagar el canon del 1 al 13 de marzo pero ha recordado que, a partir de entonces, su actividad se redujo a cero. En este sentido, ha valorado que el Gobierno contemple la exención completa para dicho periodo de cese total de actividad pero ha considerado que debe ampliarse a toda la temporada.
«No estamos contentos porque estamos en esta lucha contra el COVID, los empresarios de playas siempre somos muy optimistas y este año seguramente tendremos pérdidas; intentaremos no tenerlas pero ya llevamos el 40 por ciento de la temporada perdida a fecha de 15 de junio», ha explicado.
Ha precisado que están teniendo gastos adicionales en cuanto a la seguridad y medidas de higiene en sus establecimientos, a lo que se suma el no contar con el aforo completo, atendiendo a la orden del Gobierno central. No obstante, pese a que el Ejecutivo haya planteado modular el pago según las fases de desescalada, Villafaina ha incidido en que en las alegaciones solicitan la exención toda la temporada.
En estos momentos, en la provincia de Málaga, están abiertos ya el 95 por ciento de los chiringuitos y se está rescatando poco a poco a la plantilla de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), ha señalado, al tiempo que ha admitido que muchos de sus clientes también son turistas «y no vendrán en masa» aunque ha valorado que se estén incrementando las reservas hoteleras para los meses de julio y agosto.
En el caso de las autorizaciones de servicios como hamacas, instalaciones náuticas y de ocio, que corresponden a los ayuntamientos, se prevén pedir entre el 15 de junio y el 15 de octubre, no más allá «por si entonces hubiera un repunte» del COVID-19.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto trámite de audiencia hasta el 22 de junio para recabar las aportaciones de personas o entidades afectadas por la norma, así como de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.
