El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves por unanimidad de los grupos presentes –PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs) y Adelante Andalucía– la toma en consideración de la proposición de ley presentada por los cinco grupos representados en la Cámara -los cuatro citados y Vox, que se ha ausentado del Pleno y no ha participado en la votación- para la readmisión de las trabajadoras que prestaban servicios, como personal contratado por las empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos de gestión de servicio público, en cinco escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía.
Esta iniciativa se toma después de que, el 30 de julio del pasado año 2019, la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) comunicase a las empresas adjudicatarias de los contratos de gestión del servicio público de atención socioeducativa de cinco escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía la reversión de estos servicios, que pasaron a gestión directa por parte de la Consejería competente en materia de Educación.
Tras asumir la gestión de estas escuelas infantiles, en la incorporación del personal para cubrir esas plaza no pudo tenerse en cuenta al personal que prestaba servicios para las empresas adjudicatarias, dada la existencia de diversos informes jurídicos y de la Intervención General de la Junta de Andalucía, emitidos al efecto en contra de la subrogación por parte de la Administración andaluza en los contratos de trabajo que mantenían con las empresas adjudicatarias, según detalla la iniciativa presentada por PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs), Adelante Andalucía y Vox.
Dicho personal afectado acudió a mediante una demanda a la jurisdicción de lo Social, por entender que podría tratarse de un despido improcedente, y tras las primeras sentencias judiciales favorables en las que se consideran los despidos improcedentes, se obliga a la Administración de la Junta de Andalucía a optar entre la readmisión o la indemnización.
Ante este escenario, la ley que este jueves ha sido respaldada en el Pleno pretende «articular una respuesta y establecer un marco normativo que permita la readmisión de las trabajadoras que prestaban sus servicios, como personal contratado por las empresa adjudicatarias de los correspondientes contratos de gestión de servicio público», en las citadas cinco escuelas infantiles de titularidad de la Junta, y que resultó despedido en el momento en que la citada Consejería competente en materia de Educación asumió la gestión directa de las mismas, «siempre que medie resolución judicial o se pueda extender el fallo de la misma porque los supuestos de hecho sean idénticos».
