La Mancomunidad insta a la Junta y al Gobierno a acelerar los trámites para resolver la concesión para construir la desaladora en la Axarquía

También se ha hecho una moción requiriendo al Gobierno de España la ampliación del tercer carril de la A7, así como que retome los estudios necesarios para la ronda de circunvalación Fuengirola – Málaga.

La Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía ha aprobado una moción institucional instando a la Junta de Andalucía y al Gobierno central para que aceleren los trámites, cada uno en su competencia, para resolver cuanto antes la concesión para construir una desaladora en la comarca de la Axarquía.



El presidente de la institución comarcal, Jorge Martín, ha recordado que el 26 de julio de 2022 el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el acuerdo de la delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en Málaga por el que se aprobaba el inicio de los trámites para la concesión de aguas desalinizadas para el riego y abastecimiento a municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía. Este acuerdo se adoptó tras la solicitud presentada por un particular para obtener la concesión de aguas desalinizadas con un volumen máximo anual de 25 hectómetros cúbicos para estos municipios.

Asimismo, el pasado 11 de mayo del presente año 2023, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que contempla una inversión de 2.190 millones de euros para afrontar la sequía y aumentar la disponibilidad de recursos hídricos en toda España, incluidos 100 millones de euros para la construcción de una desaladora en la provincia de Málaga.

La situación hídrica de la Axarquía es crítica, y necesitamos sumar todos los recursos posibles para asegurar el abastecimiento de la población, que lleva meses sufriendo recortes; y para que los agricultores puedan mantener sus cultivos, que desde hace alrededor de dos años cuentan sólo con el agua regenerada de las depuradoras de Axaragua. Por tanto, no podemos seguir esperando más tiempo, y por eso, necesitamos que se aceleren los trámites burocráticos para que las obras comiencen, y esta infraestructura pueda ser una realidad lo antes posible”, ha señalado el presidente.

En la Junta General también se ha ratificado -con el voto favorable del PP, Por mi Pueblo, Gipmtm y AxSí- el convenio de colaboración entre la Dirección General de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía y la empresa de Aguas de la Costa del Sol S.A., la empresa de Aguas y Saneamientos de la Axarquía S.A., y la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A. para aumentar la garantía del abastecimiento a sus poblaciones. El PSOE e IU se han abstenido

Otro trámite administrativo pendiente para darle cobertura legal ha sido la aprobación a la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario para la prestación del servicio de abastecimiento del agua en alta a los municipios de la Mancomunidad que lo demanden procedentes del embalse de La Viñuela o de la fuente que el organismo de cuenta ponga a disposición. Igualmente ha tenido el respaldo del equipo de Gobierno y la abstención del PSOE e IU.

También se ha hecho institucional una moción instando al Gobierno de España a la ampliación del tercer carril de la A7 Autovía del Mediterráneo. En ella se ha incluido una petición para que se retomen los estudios para la construcción de la ronda de circunvalación Fuengirola – Vélez-Málaga.

“Los vecinos y vecinas que viven en la zona oriental de la provincia de Málaga tienen que hacer todos los días un ejercicio de paciencia para ir al trabajo, a los centros educativos o para cualquier otro desplazamiento a la capital. Las retenciones en hora punta, sobre todo entre las 07:30 y las 09:30 horas son constantes, acentuándose todavía más para la población de Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga y Torrox, donde la autovía pasa de tres a dos carriles”, ha expuesto el presidente, quien ha tildado de “insostenible la situación por la saturación del tráfico que deben soportar los conductores y conductoras ante el aumento demográfico de la zona sin que haya habido planificación de las infraestructuras viarias”.

También de forma institucional ha salido una moción instando a la Diputación de Málaga a asumir el coste íntegro de la recogida de animales abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal en los municipios menores de 20.000 habitantes.

La moción también incluía la firma un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga para desarrollar el programa de control de colonias de gatos callejeros mediante el método Captura, Esterilización y Retorno (CER); y la creación y la gestión del Registro Municipal de Animales de Compañía en los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia.

Por último, el grupo socialista reclamaba la revisión del contrato del servicio de recogida de animales abandonados, vagabundos o extraviados, retirada, transporte y tratamiento de animales muertos, en los municipios de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, firmado con la empresa José Antonio Villodres Gómez (Don Animal).

Por último, y también de forma institucional, se ha aprobado una moción instando a la Diputación de Málaga a que continúe con los trabajos que viene realizando para poner en marcha el Sistema Interno de Información (canal denuncia) a los municipios de menos de 10.000 habitantes.

“El Sistema Interno de Información es el cauce preferente para informar sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Los municipios pequeños tenemos hasta el 1 de diciembre para abrir este canal pero dados nuestros escasos recursos, necesitamos el apoyo de otras administraciones. De no implantarlo podríamos sufrir multas por incumplir esta obligación de entre 600.001 y 1.000.000 de euros”, ha explicado Martín, quien ha aclarado que la Ley prevé que “los municipios de menos de 10.000 habitantes, entre sí o con cualesquiera otras administraciones públicas que se ubiquen dentro del territorio de la comunidad autónoma, podrán compartir el Sistema Interno de Información y los recursos destinados a las investigaciones y las tramitaciones.




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