No aprecia responsabilidad penal en los representantes de las distintas administraciones.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga ha pedido el archivo provisional de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Torrox por vertidos de aguas residuales sin depurar en el municipio de Nerja, ya que, aunque estima que están acreditados y su potencialidad lesiva, no ve responsabilidad penal en los responsables de las distintas administraciones o entidades implicadas.
Este procedimiento comenzó tras remitir el fiscal especializado en este área al juzgado las diligencias de investigación iniciadas a raíz de las denuncias recibidas por parte de un empresario hostelero de Nerja y de Ecologistas en Acción referentes a vertidos de aguas residuales al mar y a la supuesta falta de cumplimiento de las normativas existentes en depuración en dicha localidad.
Tras la instrucción realizada en el juzgado, el ministerio público apunta en primer lugar en su informe, de 21 folios, a la “caótica gestión ambiental de los vertidos de aguas residuales del municipio que se desprende de la documentación aportada por parte de todas las administraciones públicas implicadas”.
Así, el representante de Medio Ambiente de la Fiscalía analiza en profundidad todos los informes y dictámenes emitidos por distintos organismos y administraciones, que confirman los vertidos sin depurar y apuntan a posibles daños en la calidad de las aguas y en la fauna, detectándose en esta “elevadas cargas de restos antrópicos, principalmente toallitas y plásticos”.
A la vista del resultado de las periciales practicadas, “siendo los resultados suficientemente concluyentes para los técnicos intervinientes, de reconocida capacidad científica y técnica”, se considera “indiscutible la existencia de una posibilidad de daño para el medio ambiente en el vertido continuado de aguas residuales urbanas sin depurar a lo largo de los años”.
Se tratarían, dice el documento, de “nueve toneladas de basuras marinas acumuladas en los puntos de vertido de los emisarios, más la que sin computar en el informe pudieran estar ubicadas en los otros dos puntos”. Además, el fiscal concluye que este problema “era conocido por todas las administraciones con competencia en la materia desde su inicio”.
Asimismo, indica que a lo largo de los años, al menos desde 2006, se suceden los expedientes sancionadores, constando que algunas sanciones fueron hechas efectivas, “pero no la obligación del cese de los vertidos sin autorización”, alegando el Ayuntamiento que no podían cesar por la “inevitable” actividad humana y porque “no existe estación depuradora”.
Se ha tomado declaración como investigados a los que ostentaron cargos de alcaldes –José Alberto Armijo y Rosa Arrabal– o ediles de Medio Ambiente –seis personas– en los últimos diez años, así como a representantes de la empresa de aguas, pero el fiscal analiza también la posible “corresponsabilidad de la administración estatal y autonómica”, en cuando a su actuación para evitar los vertidos.
La depuradora, 27 años después
Respecto al Gobierno central y su responsabilidad en la construcción de la depuradora, la Fiscalía indica que la obra ha vivido un “largo y tortuoso camino” que acredita “la lentitud e ineficacia de la administración cuando de dar solución a problemas como el que nos ocupa se refiere, máxime cuando distintas administraciones han de coordinarse entre sí para la aprobación, licitación y ejecución de grandes infraestructuras”. Estas instalaciones entrarán en funcionamiento 27 años después de la primera declaración de interés general del Estado de las obras, lo que para la acusación fiscal supone una “injustificable demora”, pero tampoco aprecia indicios de responsabilidad criminal en la administración estatal en la emisión de los vertidos, “en vista de las vicisitudes administrativas, económicas e incluso legislativas acaecidas durante todo el proceso”.
