A Lucía Garrido la mataron el 30 de abril de 2008. Fue un crimen oscuro y violento en su propia casa. Fue golpeada con un ladrillo en la cabeza, luego apuñalada, para después ahogarla y arrancarle los pendientes. El cuerpo apareció flotando en la piscina y a la familia le dijeron que había sido un suicidio en la finca Los Naranjos de Alhaurín de la Torre. Fue el forense el que dijo que había sido un brutal asesinato. Desde entonces, han pasado más de once años esperando a que se haga justicia. Este lunes se formó el jurado popular con siete mujeres y dos hombres. Este miércoles arrancará el juicio de este caso
En este tiempo han pasado por la instrucción cinco jueces, que han luchado contra una causa llena de incidencias, como denuncia la acusación popular, formada por la familia de la asesinada y por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). En un repaso al caso durante estos años se desgrana la pérdida de los testigos protegidos. Primero se informó de que habían sido asesinados los dos testigos y luego que habían matado a uno, pero que el otro estaba sin identificar. En este tiempo se han destruido pruebas y se han perdido otras, que no se han podido recuperar.
La acusación popular denunció que los DVD de las grabaciones de las conversaciones intervenidas al exmarido de Lucía y sus socios estaban rayados cuando los recibieron años después de solicitarlos. También el listado de las llamadas que hizo la expareja de Lucía Garrido aquel día, que se habría perdido en una inundación en la Comandancia de Málaga.
Cuatro encausados
La Fiscalía tiene encausadas a tres personas. Por un lado, dos guardias civiles como inductores del asesinato y, por el otro, el autor material de la muerte, que fue detenido en Mijas. Sin embargo, la acusación popular también mete al exmarido de Lucía Garrido como inductor al asesinato. Solicitan entre 18 y 20 años para los tres supuestos inductores y 25 años de cárcel por asesinato para el autor material.
La familia justifica en encausamiento del exmarido porque Lucía Garrido temía que la mataran. Señalan que hasta en cuatro ocasiones había denunciado a su expareja por malos tratos y que llegó a pedir una orden de protección, que no se le llegó a conceder nunca. La acusación popular señala que el móvil del asesinato es que la mujer se había quedado la propiedad de Los Naranjos tras romperse la pareja.
En rueda de prensa afirmaron que esta vivienda era el centro de turbios negocios por parte del marido de la encausada. Detallaron que allí había un centro de venta ilícita de animales exóticos, que se vendían perros o que servía para ser guardería de droga. En esa comparecencia tasaron que los negocios ilícitos que se llevaban a cabo desde Los Naranjos reportaban unos 40.000 euros al mes al marido de Lucía.
Negocios turbios
Rosa Garrido, hermana de la asesinada, afirmó que Lucía habría tenido una resolución para quedarse con la casa y eso ponía en peligro dichas actividades. Estas acusaciones deberán ser demostradas en el juicio, máxime cuando la propia Fiscalía que no lo ven parte activa de este crimen de complicada resolución.
Sin embargo, la acusación popular insiste en que Lucía era «un escollo» para su expareja y resalta otros antecedentes del exmarido, como que está pendiente de la confirmación en el Supremo de una condena por tráfico de drogas, tras una operación contra el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil de Málaga.
También resaltan que un año después de la muerte de Lucía su exmarido mató supuestamente a dos colombianos en la misma finca Los Naranjos. El caso está pendiente de juicio, pese a que al principio se trató de cerrar como defensa propia. La familia de la fallecida además señaló que este suceso puede estar conectado con otro de tráfico de armas sacadas del depósito de la Guardia Civil y modificadas para ello para su venta en el mercado negro.
