El PP dice que el plan de medidas fiscales del Ayuntamiento de Vélez está vacío de contenido

Los ‘populares’ proponen un plan extraordinario y de emergencia social, económica y fiscal consensuado entre todos los grupos políticos para ofrecer soluciones efectivas a los ciudadanos.

El PP de Vélez Málaga ha lamentado que el equipo de gobierno municipal (PSOE-GIPMTM) haya vuelto a dar la espalda a los vecinos y empresas de la localidad con el anuncio de un supuesto plan extraordinario de medidas fiscales que, en realidad, está vacío de contenido y no es más que una cortina de humo.



El portavoz municipal ‘popular’, Francisco Delgado Bonilla, ha dejado claro que este plan no concreta “ni una sola medida fiscal o económica más allá de las que ya se recogen en la ley, ya que se limita a decir que se van a aplazar y fraccionar diferentes tasas e impuestos locales”.

Para Delgado Bonilla, “en estas imaginarias medidas prima el afán recaudatorio por encima de las necesidades y problemas de vecinos y empresarios”, lo que denota “el nulo interés de los dirigentes municipales por resolver los problemas de ciudadanos, autónomos, comerciantes y pymes en estos momentos tan difíciles y dramáticos”.

“Desde el PP no podemos consentir la pasividad e inacción de este Gobierno, insensible a las necesidades del tejido productivo del municipio y de los vecinos y colectivos en situación de riesgo”, ha afirmado el dirigente ‘popular’, quien ha considerado que Vélez Málaga “necesita un Gobierno fuerte, con determinación, ideas claras y propuestas efectivas y viables que ayuden realmente a la gente y a las empresas locales”.

El edil también ha lamentado que el Gobierno municipal “en ningún momento nos haya consultado o nos haya pedido propuestas para colaborar y ayudar a la elaboración de un plan de emergencia municipal que sea lo más efectivo para ayudar a nuestra gente, lo cual es una evidencia más de su déficit democrático y del desprecio y maltrato continuo hacia el grupo político mayoritario de la corporación”.

 

Delgado Bonilla ha recordado que el PP, en previsión de lo que podría ocurrir, ya presentó a principios de marzo una moción para establecer un plan consensuado de medidas y ayudas fiscales y económicas para las empresas y comercios del municipio, además de un plan de contención del gasto ante las consecuencias que se derivarán de la actual crisis sanitaria.
“En el PP tenemos propuestas fiscales, económicas y sociales para ayudar lo máximo posible, dentro del marco presupuestario, a familias, autónomos y empresarios”, ha explicado el portavoz ‘popular’, que ha solicitado la elaboración de un plan extraordinario y de emergencia social, económica y fiscal que cuente con el consenso de todos los grupos políticos municipales.
Entre las medidas propuestas se encuentran, por ejemplo, la paralización inmediata del presupuesto municipal para 2020, actualmente en elaboración; y la redacción, por acuerdo de todos los grupos, de un nuevo presupuesto que dé respuesta efectiva a las necesidades reales derivadas de la crisis social y económica.

A juicio del PP, el presupuesto debe contemplar una bajada masiva de impuestos locales, comenzando por el IBI, el Impuesto de Vehículos, las plusvalías y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y obras (ICIO). Asimismo, se debe derogar el impuesto de entrada de carruajes y reducir los recibos de agua un 10%.

Otras medidas planteadas son la exoneración del pago de tasas vinculadas a la actividad comercial, la actualización de los estudios de costes e ingresos de todos los servicios sujetos a tasas, precios o tarifas y el incremento del fondo de contingencias en 2 millones de euros para atender todas las emergencias sociales.

Igualmente, se propone la paralización de todas las inversiones en equipamientos públicos para destinar dichos fondos a un plan local de dinamización comercial y empresarial, así como la eliminación de todo el gasto superfluo del presupuesto, la elaboración de un plan de austeridad y la revisión y reducción del gasto corriente.

En materia de recursos humanos se propone la congelación temporal de la oferta de empleo público, salvo reposición de vacantes en servicios de policía o emergencia o excepciones debidamente justificadas; prohibir contrataciones temporales, salvo para proyectos concretos con financiación externa o para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, y, por último, controlar las horas extraordinarias y productividades.




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