El Congreso aprueba la ley de eutanasia

Cada caso será supervisado por una Comisión de Garantía y Evaluación creada en cada comunidad autónoma.

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la ley de eutanasia con el rechazo del PP y Vox. En concreto, la votación se ha resuelto se ha resuelto con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones, según informa 20 Minutos.



La ley se convertirá en una nueva prestación del Sistema Nacional de Salud que podrán solicitar aquellas personas que padezcan una enfermedad grave e incurable con un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable.

Después de algo más de un año de tramitación parlamentaria, que se vio interrumpida por la pandemia, esta regulación de la eutanasia presentada por el PSOE entrará en vigor dentro de tres meses.

Durante su tramitación en el Congreso y el Senado, la ley de eutanasia ha tenido que superar los vetos presentados por PP y Vox y ha contado con el apoyo mayoritario de ambas Cámaras.

¿Quiénes pueden solicitarla?

Con esta ley, las personas mayores de edad que sufran «una enfermedad grave e incurable» o un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante» que afecte a la autonomía y que genere un «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable» podrán solicitar la prestación de la ayuda para morir.

¿Cuál es el proceso?

Cada caso será supervisado por una Comisión de Garantía y Evaluación creada en cada comunidad autónoma y el afectado podrá recibir la eutanasia unas cinco semanas después de solicitarla, tras ser informado de las distintas alternativas y de los cuidados paliativos disponibles y después de confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo de todo el proceso.

¿Dónde se realizará?

La ayuda para morir podrá realizarse tanto en centros sanitarios -públicos, privados o concertados- como en el domicilio del enfermo y la ley contempla la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios que participen en el proceso.

Situación en otros países

La eutanasia es legal en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda y Colombia (en este último país por decisión del Tribunal Constitucional, pero sin que el Parlamento haya aprobado una ley que la regule). Ahora España pasa a formar parte de esta lista.




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