Los usuarios que contrata estos servicios suelen coincidir con empresarios de alto nivel adquisitivo, en su mayoría extranjeros afincados en la costa.
La Policía Nacional, a través de su Unidad Territorial de Seguridad Privada, ha denunciado durante los primeros meses del año, ante la Subdelegación del Gobierno en Málaga, a 28 personas que prestarían de modo ilegal servicios de escolta sin cumplir con los requisitos de habilitación y autorización exigidos por la Ley 5/2014 de Seguridad Privada.
Las averiguaciones llevadas a cabo por la Unidad Territorial de Seguridad Privada estable como perfil del usuario de estos servicios, empresarios con alto poder adquisitivo, mayoritariamente extranjeros afincados en la costa, que por razones profesionales o personales se sienten amenazados. En los casos detectados en la provincia, la actividad a realizar por los escoltas ilegales consistía en el acompañamiento y protección del contratante en sus traslados y viajes, así como de los miembros de su familia.
La legislación española en esta materia establece que los servicios de escolta privada deben ser previamente autorizados de manera individual por la Dirección General de la Policía, debiendo ser prestados, en todo caso, por empresas legalmente inscritas en el Registro Nacional de Seguridad Privada, y desarrollados a través de personal que, a su vez, cuente con la habilitación como escolta privado, concedida también por la DGP.
Lucha contra el intrusismo profesional
La lucha contra el intrusismo profesional en el ámbito de la seguridad privada es uno de los objetivos estratégicos de la Policía Nacional, en su calidad de autoridad nacional de control para este sector. Por esta circunstancia, además de las denuncias presentadas en el presente año, se han elevado 13 propuestas de sanción por actividades relacionadas con el intrusismo, manteniendo abiertas otras investigaciones por presuntas labores intrusas en la provincia.
Este tipo de hechos supone una infracción muy grave a la normativa española que regula la seguridad privada en España, enfrentándose los implicados a sanciones que van desde 6.001 a 30.000 €, para el personal que lleva a cabo la actividad de forma irregular, y desde 20.001 a 100.000 €, para los usuarios que los contratan.
