La sentencia considera que permitieron la venta a fondos buitre por un precio inferior a su valor real
El Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa de Madrid y a siete miembros de su Gobierno a pagar 23 millones euros, la sentencia concluye que deben asumir la responsabilidad contable de una venta que resultó ventajosa para dos sociedades (Fidere Gestión y Fidere Vivienda) del fondo buitre Blackstone pero no para las arcas públicas.
Consideran que permitieron la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas por 128 millones de euros, 25.752.103 millones por debajo de su valor real, sin llevar a cabo ni tasaciones fiables, ni publicidad adecuada y facilitando información privilegiada.
La sentencia, avanzada por la Cadena Ser este viernes, argumenta que es idenfendible que el Ayuntamiento de Madrid no llevase a cabo todas esas medidas para intentar sacar el máximo precio de esa venta, que se produjo en octubre de 2013.
Como principal responsable figura al entonces responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) Fermín Oslé, pero también son responsables directos Ana Botella (alcaldesa entre 2012 y 2015) y todos los concejales que estaban en la junta de la EMSV: Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González, Dolores Navarro y Pedro Corral. Todos ellos deberán asumir el pago solidario de los 23 millones.
La demanda, presentada en 2017, ha sido estimada parcialmente. En ella se reclamaba un daño patrimonial por encima de los 55 millones. Contra la sentencia cabe un recurso en el plazo de 15 días y los condenados ya han asegurado en un comunicado que recurrirán, asegurando que únicamente ratificaron «el plan de viabilidad que el Consejo de Administración de la EMVS había aprobado» y recordando que «la Fiscalía del propio Tribunal de Cuentas solicitó la desestimación».
En noviembre de 2017 el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena presentó una demanda ante el Tribunal de Cuentas contra la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), y su entonces equipo por esta venta, reclamando el reintegro de 127 millones de euros en concepto del dinero que dejó de percibir la administración local por las operaciones. Se trataba de una demanda dentro del proceso civil que el tribunal tenía abierto.
Esta formulación de demanda se produjo después de que la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid reabriera por vía penal la causa de la venta. Una reapertura que vino dada tras los recursos de apelación presentados por el Grupo Municipal Socialista y la Asociación de Afectados por la Venta de Inmuebles de la EMVS contra un auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid de enero de 2017 que sobreseía provisionalmente la causa.
En consonancia con la Cámara de Cuentas
La sentencia del Tribunal de Cuentas coincide con un informe previo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en 2016 según el cual esta venta se hizo «sin atenerse a las referidas instrucciones internas de contratación ni elaborar un pliego de condiciones de venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación ni fijar con carácter previo al proceso de publicación de la venta el valor de las promociones a enajenar».
La Cámara de Cuentas concluía que no sólo se incumplió la normativa interna sino varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) así como a los criterios de «racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos».
También en 2016 Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos impulsaron una comisión de investigación con el rechazo del PP, que la calificó de «cacería», y en la que se negaron a dar explicaciones los implicados.
