14 pueblos de la Axarquia están «desbancados», no tienen sucursales bancarias

De los 26 pueblos de la provincia donde no hay ni cajas ni entidades bancarias, 14 de ellos están en la comarca de la Axarquía. La digitalización está jugando en contra de pueblos con pocos habitantes. 

En concreto estas localidades axárquicas donde los vecinos no tienen posibilidad de tener en su pueblo un banco o simplemente una caja son: Alcaucín, Alfarnatejo, Archez, Arenas, El Borge, Canillas de Aceituno, Cútar, Iznate, Machavariaya, Moclinejo, Salares, Sayalonga, Sedella y Totalán. 



Según cuenta Diario SUR, en 2020 los bancos han endurecido los requisitos para acceder a cuentas gratuitas (ya no basta con tener nómina o pensión: hay que tener un saldo mínimo, seguros, tarjetas u otros productos contratados) y subido las comisiones por mantenimiento de cuenta. Y no sólo éstas: todas las comisiones y gastos asociados a operaciones básicas (transferencias, tarjetas, descubiertos o ingresos en efectivo en cuentas de terceros) han estrenado el año con un nuevo repunte. Y es que con los tipos de interés en negativo, las entidades intentan paliar la caída de rentabilidad subiendo comisiones y fomentando las operaciones que llaman ‘fuera de balance’ (como seguros y planes de pensiones).

Todos los bancos están invirtiendo mucho dinero en la transformación digital: contratan ingenieros, potencian la atención ‘on line’, lanzan nuevos servicios adaptados a la era del ‘smartphone’, como Bizum, investigan los usos del ‘big data’… La otra cara de la moneda son los cierres de sucursales. En la provincia quedan aproximadamente la mitad de oficinas abiertas que en 2008. Y lo más preocupante es que la cuarta parte de los municipios (26) se han quedado sin ninguna sucursal. Se trata de pequeños pueblos del interior que, precisamente, son los más envejecidos.

Ya en 2017, el Defensor del Pueblo Andaluz abrió una queja de oficio para alertar sobre el peligro de exclusión financiera en el que se encuentran «las personas mayores, las personas que se encuentran en situación de precariedad económica, las que residen en pequeños núcleos rurales donde se ha producido el cierre de sucursales o las que tienen algún tipo de discapacidad«.

Tres años después, la situación que motivó la queja del Defensor del Pueblo no ha hecho sino intensificarse. Los cierres de oficinas han continuado y la atención presencial cada vez se restringe más. La estrategia es doble: cobrar comisiones por gestiones que antes eran gratuitas (como ponerle concepto a un ingreso en una cuenta de la que no se es titular o solicitar un extracto en papel) y acotar los horarios para realizar trámites en las oficinas, como el pago de recibos.

Además, el cierre de oficinas y la reducción de personal de caja hace que el tiempo de espera para ser atendido por un empleado aumente. Empleados bancarios reconocen que las directrices internas van en la línea de potenciar la actividad comercial y minimizar el trabajo administrativo. Un representante sindical de una antigua caja reconoce que la situación económica de las entidades pequeñas «se ha vuelto muy complicada» por la evolución de los tipos de interés e intentan «contrarrestarla con fórmulas como recortar oficinas y personal y recurrir a agentes externos para cubrir pequeños pueblos». Este portavoz dice que las directrices «son cada vez más duras» y que muchos trabajadores se quejan «porque la atención al cliente empeora». «Provenimos de cajas de ahorros que siempre han tenido sensibilidad social y tenemos la sensación de que se está abandonando al cliente de toda la vida», afirma.

En este artículo



13 Larios

Cerrado para frenar el coronavirus. Nosotros también nos quedamos en casa

{