La Audiencia fijó la suma en 25.000 euros, pero el abogado que representa al investigado asegura que no han sido capaces de reunir ese dinero, informa Diario Sur.
El presunto autor de la muerte de la joven rumana Dana Leonte (31), desaparecida desde el pasado 12 de junio en Arenas, sigue en prisión provisional, ya que aún no ha logrado reunir los 25.000 euros que la Audiencia Provincial de Málaga estableció como fianza para eludir la cárcel.
El abogado Juan José Moreno, que representa al investigado, presentó un escrito ante los magistrados solicitando una rebaja de la fianza y proponía que ésta se fijara en 6.000 euros. Según el letrado, los «enormes esfuerzos desplegados» por la familia, encaminados a poder reunir los 25.000 euros, no han dado resultado alguno. En este sentido, precisaba que la familia de su representado es «humilde» y solo cuenta con los ingresos de la pensión de jubilación que percibe el padre, «la que ni tan siquiera supera el salario mínimo interprofesional». Por ello, pese a haber solicitado un crédito bancario, se les ha denegado y consideran inviable en estos momentos reunir la suma solicitada.
Aunque hace unas semanas Eva, la hermana de Sergio Ruiz, aseveraba que ya les quedaba poco para reunir la suma, lo cierto es que el abogado del novio de Dana –dada por muerta desde septiembre, cuando un perro localizó en el campo un fémur de la mujer, lo que, para los médicos forenses, supone una lesión «incompatible con la vida»– plasmaba en su escrito que siguen sin poder alcanzar esa suma de 25.000 euros. Ha resultado «imposible», a pesar de contar con el apoyo de sus padres, hermanos y tíos. Moreno subraya también en que no hay riesgo de fuga. El letrado señalaba que Sergio Ruiz tiene arraigo familiar y profesional en el entorno de Arenas, donde residía hasta su detención.
Pero el letrado insiste en la falta de recursos de la familia y en que es una evidencia que si se dispusiera «de esa elevada suma de dinero, a pesar de su cuantía, nadie le dejaría pasar ni un solo día mas en prisión». Para Moreno es «una obviedad» que la familia no dispone de esos 25.000 euros para pagar la fianza, por lo que solicitó una rebaja de la suma y señalaba la cantidad de 6.000 euros, que es la cuantía que habían podido reunir.
La familia de la fallecida se ha opuesto a que se reduzca la suma que debe pagar para lograr la libertad
En el auto en el que establecieron la fianza, los magistrados de la Sección Octava decidieron mantener la situación de prisión provisional del investigado, en base a los indicios que la Guardia Civil esgrime contra él, si bien acordaron imponerle una fianza que le permitiría salir de la cárcel, donde lleva desde el pasado septiembre.
La Audiencia explicaba que las diligencias practicadas «apuntalan la sospecha de que ha podido ser el investigado el autor de la muerte de Dana, sin embargo, éstas son circunstanciales». Los jueces recordaban que, tras más de seis meses de investigación policial y judicial, siguen ignorándose todos los datos relativos al «momento, lugar y forma en la que la joven rumana perdió la vida».
Acción criminal
En este sentido, los magistrados explicaban que no se ha podido determinar si la acción criminal se produjo en el mismo lugar en el que fue encontrado el fémur, en un paraje del término municipal de Arenas. Por ello, tampoco ha sido posible –precisaban los jueces– ubicar a Ruiz en un «momento y lugar cercano al óbito». Y añadían: «Los indicios, por sólidos y argumentados que aparezcan, permiten una sólida sospecha, pero no una aceptable seguridad sobre la autoría de la muerte».
Por todo ello, en el auto se determinaba que hay que compatibilizar el derecho a la libertad con el resultado actual de las investigaciones, lo que únicamente puede conseguirse mediante la fijación de una fianza, que estimaron en 25.000 euros, atendiendo a las circunstancias de arraigo familiar que exponía en su recurso –por el que solicitaba la puesta en libertad– Moreno.
La familia de Dana Leonte, representada por Antonia Barba, se ha opuesto a dicha rebaja. Por el momento, los magistrados de la Sección Octava han denegado la petición, aunque sin entrar en el fondo del asunto, alegando que «no ha lugar» por una cuestión de competencia de un órgano de segunda instancia, como es la Audiencia Provincial, sino que debe dirigirse al juzgado de primera instancia que lleva el caso, sin perjuicio de los recursos que puedan presentarse posteriormente.
