La abogada Rebeca Santamalia Cáncer, de 48 años, ha sido hallada muerta en una vivienda de Zaragoza propiedad de un hombre que se ha suicidado en Teruel y que en 2003 asesinó a su esposa, según ha confirmado la delegación del Gobierno en Aragón. El cadáver de Santamalia ha sido localizado a las cuatro de esta madrugada, tenía heridas de arma blanca y la muerte se está investigando como un caso de violencia de género. El dueño de la vivienda, en el número 21 de la calle Pradilla, es José Javier Salvador Calvo, de 50 años, que mató a su mujer, Patricia Maurel Conte, en 2003.
El Colegio de Abogados de Zaragoza ha confirmado que Santamalia defendió a Salvador por aquel crimen de 2003 y fuentes de la investigación aseguran que mantenía con Salvador Calvo una relación sentimental. El marido de la abogada había denunciado el jueves su desaparición y la policía se puso en contacto con la familia de ella, que comunicaron esa posible relación con su antiguo defendido. Salvador Calvo murió la madrugada del jueves, hacia la una, al precipitarse desde el viaducto de Teruel.
El 22 de mayo de 2003, José Javier Salvador Calvo mató a su esposa, de 29 años, de 11 tiros con una escopeta de caza y abandonó el cadáver en un campo de cultivo cercano a su pueblo, el municipio turolense de la Puebla de Hijar. La joven era candidata del PP a la alcaldía de ese municipio y fue asesinada unos días antes de la celebración de las elecciones municipales. Salvador, tras apretar el gatillo, montó en su coche y viajó los 180 kilómetros que separan su pueblo de Teruel. La madre de la víctima había denunciado esa misma noche a su yerno por amenazar de muerte a su hija. El asesino confesó el crimen a su hermana, se entregó y fue condenado a 18 años de cárcel.
Ingresó en prisión en mayo de 2003 con una condena de 18 años que se extinguía en 2021, según fuentes penitenciarias. Sin embargo, en diciembre de 2016, cumplió las tres cuartas partes de la condena, por lo que solicitó la libertad condicional. Al parecer, el centro penitenciario en el que estaba (Zuera, en Zaragoza) no le dio la autorización y el recluso recurrió al juez de vigilancia penitenciaria correspondiente, quien se la concedió. Salió de la cárcel en enero de 2017 en libertad provisional a la espera de la definitiva, en 2021. Antes de pasar al penal de Zuera, estuvo en el de Teruel hasta 2013.
La sentencia de la Audiencia de Teruel le impuso además indemnizaciones por valor de 120.000 euros a cada uno de sus tres hijos, entonces menores de edad, aunque reconoció como atenuante su confesión ante la policía. Un jurado popular, de manera unánime, consideró que el condenado actuó sin que su mujer pudiera defenderse.
977 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003. Este año que apenas comienza ya tiene dos casos en la estadística y otros cuatro en investigación, incluido este de Zaragoza.
