Cuando aún está bajo secreto de sumario la investigación de otro vertedero ilegal en Nerja, el actual grupo de gobierno se encuentra con otro que ya fuera denunciado hace 10 años cuando gobernaba el Partido Popular (1995-2015), concretamente en el Barranco El Viejo.
A raíz de la denuncia de una empresa en la Delegación de Medio Ambiente, en 2007 se incoa expediente sancionador al Exmo. Ayuntamiento de Nerja, en el que se advierte que “se está creando un vertedero de residuos urbanos sin autorización, que ello supone la imposición de multa, así como, la inmediata paralización de la actividad”. El que fuese alcalde, José Alberto Armijo contesta a la Delegación que “la imputación realizada al Ayuntamiento sobre la creación y uso de vertedero no autorizado, no tiene que ver con la realidad”.
Por su parte, en 2008, la Delegación impone multa de 6010,13 euros y obliga al Ayuntamiento a realizar las “medidas correctoras, reparadoras y de restitución ambiental y legalización de la situación a su estado originario”.
El Grupo de Gobierno considera que durante todos esos años queda clara la intención del Partido Popular en estos asuntos: no sabe, no conoce, no es cierto lo que dice la Junta… por tanto, miro para otro lado y no hago nada.
Así, denuncia que el gobierno del PP “no atendió al requerimiento de la Junta”, es decir, “no estableció ningún tipo de medidas correctoras, reparadoras, restitución y legalización. Y el vertedero continuó años y años. Lo que si hizo el gobierno del PP es presentar recurso administrativo para desmentir los hechos que la Junta de Andalucía les reiteraba una y otra vez”, explican.
Fue en 2014 cuando el Juzgado dictó Sentencia en la que da la razón a la Junta de Andalucía. En ella se recogen, entre otras argumentaciones, que “la existencia del vertedero es reconocido por el propio ayuntamiento de Nerja”, que “con las visitas de inspección queda acreditado que el Ayuntamiento incumplió con las competencias que específicamente le atribuyen”, que “la omisión por el Ayuntamiento del deber de garante que tiene impuesto por Ley en el ejercicio de sus competencias, en materia de desechos y residuos sólidos urbanos y del deber de velar porque los terrenos de su término municipal, conserven un estado adecuado a sus fines, determinó la creación y uso del vertedero ilegal, tipificado en el art. 88 de la Ley 7/94, creación y uso de vertedero no autorizado”.
Además señala “la omisión por el Ayuntamiento del deber de garante”, “la infracción culposa, en definitiva, supone la omisión de la diligencia debida, en evitación de un resultado previsible y evitable, con la adecuada relación de causalidad entre la omisión en el deber objetivo de cuidado y el resultado acaecido” y “con arreglo a la doctrina anteriormente expuesta, es exigible responsabilidad a título de culpa al Ayuntamiento de Nerja, en la medida en que tiene competencias concretas en la materia por la que ha sido sancionada; por ello se evidencia una omisión por parte del Ayuntamiento en el cumplimiento de las obligaciones legales exigidas”.
También puntualiza que “si la Corporación Local hubiese cumplido con los preceptos indicados y con las obligaciones de vigilancia, control y medidas cautelares en relación con desechos y residuos sólidos urbanos, así como la de transporte, recogida y eliminación de residuos urbanos, sin, pues tenía obligaciones específicas de vigilancia y control, debe concluirse que el resultado no se hubiere producido y no se hubiera creado el vertedero”. La Sentencia del Contencioso Administrativo nº 5 de Málaga desestima el recurso del Ayuntamiento y lo condena en costas.
A pesar de tener conocimiento del vertedero ilegal desde 2007, el Partido Popular presenta una moción en 2014 para que sea la Junta de Andalucía la que proceda a su limpieza. Dicha moción, presentada por el que fuese alcalde José Alberto Armijo y la concejala Nieves Atencia expone que “en las indemnizaciones del Pago de la Imaroga y Loma de las Vacas, existe un barranco conocido como el Barranco El Viejo, el cual se ha convertido en los últimos tiempo en un vertedero incontrolado” y “con el objetivo de darle solución a este problema…y tras las denuncias formuladas por algunos vecinos de la localidad a través de las redes sociales…”, en definitiva, una tomadura de pelo total a los denunciantes, a la Junta de Andalucía, al Medio Ambiente y a los ciudadanos, ya que “después de 7 años, de sentencia, de no haber hecho nada para evitarlo piden en 2014 que lo solucione la Junta, toda una muestra del buen hacer de los populares”, concluyen.
